El Ministerio Público realizó una diligencia de exhibición de documentos en la sede del Gobierno Regional de La Libertad, con el objetivo de verificar los procesos de selección y adjudicación de obras públicas vinculadas a la empresa LC y EC Constructora.
La actuación estuvo a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, dirigida por el fiscal Víctor Bazán Alagón. Según se informó, la intervención forma parte de una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en la contratación pública.
El foco de la indagación recae en Lucero Nicole Coca Condori, una joven de 23 años que figura como accionista mayoritaria de la mencionada compañía. De acuerdo con un reportaje difundido por Panorama, su empresa logró contratos por más de S/300 millones con el gobierno regional, pese a que egresó de la universidad en diciembre de 2024.
El medio señaló que la empresaria firmó dos contratos con el Gobierno Regional de La Libertad: uno por S/121 millones para la obra del corredor vial norte y otro por S/194 millones para la ampliación de los servicios del hospital de Virú. Ambos procesos de adjudicación fueron públicos.
Durante el reportaje, se registraron agresiones físicas contra el equipo periodístico que intentó recabar información en el domicilio de la empresaria. Se evidenció también la negativa de familiares y allegados a responder por los contratos obtenidos por Coca Condori, quien en su defensa señaló:
Soy abogada de profesión con conocimiento en contratación pública y he desarrollado mi carrera en el sector construcción, teniendo a mi padre como mentor, quien tiene más de 20 años de experiencia en obras públicas y privadas.
La versión contrasta con la información del portal LinkedIn, donde, hasta antes del reportaje, se identificaba como asistente legal de una notaría. Sin embargo, este dato fue desmentido por el propio establecimiento, que indicó que solo prestó funciones como practicante hace más de dos años.
Además, su madre —quien también figura como accionista minoritaria de la empresa— negó conocer los contratos firmados por su hija. «No sé nada», respondió ante las cámaras del medio televisivo, mientras evitaba brindar declaraciones.
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Uno de los aspectos más resaltantes de la cobertura periodística es que el padre de la empresaria, Juan Carlos Coca Rojas, figuraría en registros oficiales como participante de una reunión con el gobernador regional César Acuña en marzo de 2024. Semanas después, la empresa de su hija obtendría las adjudicaciones.
Por su parte, el gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay, rechazó las imputaciones e indicó que todos los procesos de contratación se someten a control concurrente de la Contraloría General de la República. Añadió que «todos los procesos se han dado con total transparencia. Las adjudicaciones son evaluadas por más de 30 personas de las gerencias de contrataciones e infraestructura.».
Namay también solicitó una invitación al programa televisivo para responder públicamente. «Desde ya les pido a los señores de Panorama me puedan invitar el domingo para explicar todas las interrogantes. Quizás les enseñamos un poquito sobre contrataciones del Estado» indicó.
