Fundamentos destacados.- 10. Así, la referida norma excluye del acceso a aquella información vinculada a la investigación en trámite al interior de un procedimiento administrativo sancionador. Tan solo podrá accederse a tal información cuando:
i) queda consentida la resolución que pone fin al procedimiento o
ii) transcurren más de 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que exista resolución final.
12. En el caso concreto, se solicita copias simples o certificadas del Informe 058-2013, de fecha 19 de julio de 2013, relacionado al informe del consejero encargado de la Investigación 745-2012-ANCASH – Partida 001-2013 (cuaderno de apelación), vinculada al Dr. Abraham Melquiades Vílchez Castro, en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Si bien en autos no se advierte la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través de la presentación de la queja sí se advierte que la resolución de primera instancia administrativa (Resolución 10) fue expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial el 26 de setiembre de 2012. Por lo que, aun tomando como referencia dicha fecha, al 20 de noviembre de 2013 (en que se requirió la información) ya habría transcurrido en exceso el plazo de 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que a la fecha de la solicitud de la información (20 de noviembre de 2013) se haya dictado resolución final.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 04191-2017-PHD/TC LIMA
HUGO MARTÍN CONTRERAS YGUCHI
En Lima, a los quince días del mes de febrero de 2021, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Martín Contreras Yguchi contra la resolución de fojas 94, de fecha 9 de junio de 2017, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 9 de junio de 2014, el actor interpone demanda de habeas data contra el Poder Judicial, con emplazamiento de su procurador público. Solicita que, en virtud de su derecho fundamental de acceso a la información pública, se le entregue copias simples o certificadas del Informe 058-2013, de fecha 19 de julio de 2013, relacionado al informe del consejero de la Investigación 745-2012-ANCASH – Partida 001-2013 (cuaderno de apelación), vinculada al Dr. Abraham Melquiades Vílchez Castro, en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
Aduce que mediante documento de fecha cierta (20 de noviembre de 2013), presentó a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la solicitud de la citada información, la cual fue desestimada mediante resolución de fecha 25 de noviembre de 2013, sin tener en cuenta que el artículo 61 del Código Procesal Constitucional (en adelante CPConst.) le reconoce el derecho a acceder a la información que obra en expedientes terminados o en trámite.
Contestación de la demanda
El procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contestó la demanda y solicitó que sea declarada improcedente por cuanto el requerimiento de información del demandante fue desestimado al encontrarse inmerso dentro de las excepciones establecidas en el artículo 160 de la Ley 27444 (documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente).
Sentencia de primera instancia o grado
El Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda por considerar que no se puede entregar el Informe 058-2013 debido a que no se ha acreditado que la investigación al juez quejado haya concluido, máxime si la información solicitada puede causar algún daño al derecho a la intimidad personal del juez investigado, pues el hecho de ventilar información sobre un proceso disciplinario que aún no ha sido resuelto en forma definitiva conllevaría a transgredir los derechos de presunción de inocencia y debido proceso.
Sentencia de segunda instancia o grado
La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
Cuestión procesal previa
1. De acuerdo con el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el demandado se ratifique en su incumplimiento o no lo conteste dentro del plazo establecido. Al respecto, conforme se aprecia de autos, el demandante ha cumplido con reclamar previamente (fojas 3) y el demandado se ha ratificado en su incumplimiento (fojas 4 y 5).
Delimitación del asunto litigioso
2. En el presente caso, el actor solicita se le entregue copias simples o certificadas del Informe 058-2013, de fecha 19 de julio de 2013, relacionado al informe del consejero de la Investigación 745-2012-ANCASH – Partida 001-2013 (cuaderno de apelación), vinculada al Dr. Abraham Melquiades Vílchez Castro, en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
3. En este sentido, corresponde determinar si existe o no vulneración del derecho fundamental de acceso a la información pública del demandante; y, por consiguiente, si corresponde o no que se le entregue la información solicitada.
Análisis del caso concreto
4. El inciso 5, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú dispone que toda persona tiene derecho “a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”. La Constitución ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la información pública, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento del derecho que le asiste a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, no existiendo, por tanto, entidad del Estado o persona de derecho público excluida de la obligación respectiva (sentencia recaída en el Expediente 00937-2013-PHD/TC).
5. Asimismo, el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806), establece que:
Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Se considera información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.
6. Asimismo, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha precisado lo siguiente:
Que lo realmente trascendental, a efectos de que pueda considerarse como ‘información pública’, no es su financiación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro está, que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva (sentencia recaída en el Expediente 02579-2003-PHD/TC).
7. Ciertamente, no debe perderse de vista que, en un Estado Constitucional de Derecho, la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla general; y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción (cfr. sentencia recaída en el Expediente 02579-2003-PHD/TC). De ahí que las excepciones al derecho de acceso a la información pública deban ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas.
8. Uno de los elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho es la responsabilidad de los funcionarios. Ello implica una capacidad fiscalizadora importante por parte de la población a fin de controlar a los funcionarios y servidores públicos, idea central del sistema democrático. Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio, a su vez, implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado.
9. Para lo que interesa al presente proceso debe citarse lo expuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo 043-2003-PCM (vigente al momento de acontecidos los hechos), TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en el inciso 3 dispone que el derecho de acceso a la información pública no puede ser ejercido respecto a:
La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.
10. Así, la referida norma excluye del acceso a aquella información vinculada a la investigación en trámite al interior de un procedimiento administrativo sancionador. Tan solo podrá accederse a tal información cuando:
i) queda consentida la resolución que pone fin al procedimiento o
ii) transcurren más de 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que exista resolución final.
11. El procedimiento de queja administrativa es considerado, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura (Resolución Administrativa 129-2009-CE-PJ), vigente en aquel momento, como un procedimiento disciplinario, tal como se indicaba en el inciso 1 del artículo 76 de dicha normativa, el cual establece:
Artículo 76.- Modalidades del Procedimiento Disciplinario. – El procedimiento disciplinario se iniciará:
1. A pedido de parte, en caso de presentarse una queja.
(…)
En tal sentido la regulación del citado artículo 17, inciso 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente en ese momento, es plenamente aplicable a tal situación.
12. En el caso concreto, se solicita copias simples o certificadas del Informe 058-2013, de fecha 19 de julio de 2013, relacionado al informe del consejero encargado de la Investigación 745-2012-ANCASH – Partida 001-2013 (cuaderno de apelación), vinculada al Dr. Abraham Melquiades Vílchez Castro, en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Si bien en autos no se advierte la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través de la presentación de la queja sí se advierte que la resolución de primera instancia administrativa (Resolución 10) fue expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial el 26 de setiembre de 2012. Por lo que, aun tomando como referencia dicha fecha, al 20 de noviembre de 2013 (en que se requirió la información) ya habría transcurrido en exceso el plazo de 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que a la fecha de la solicitud de la información (20 de noviembre de 2013) se haya dictado resolución final.
13. En suma, por los motivos expuestos, debe procederse a entregar la información solicitada, previo pago del costo de reproducción de la documentación solicitada por el demandante.
14. Finalmente, en atención a que se encuentra acreditada la vulneración del citado derecho constitucional, corresponde ordenar que el demandado asuma el pago de los costos procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda por acreditarse la vulneración del derecho de acceso a la información pública del recurrente; en consecuencia, ordena al emplazado a entregar copia simple o certificada, previo pago del costo de reproducción, del Informe 058-2013, de fecha 19 de julio de 2013, relacionado al informe del consejero de la Investigación 745-2012-ANCASH – Partida 001-2013 (cuaderno de apelación), vinculada al Dr. Abraham Melquiades Vílchez Castro, en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
2. ORDENAR el pago de costos a favor del recurrente, los que deberán ser liquidados y abonados en ejecución de sentencia del presente proceso de habeas data.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
