En una reciente audiencia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el abogado José Gabriel Álvarez Díaz, postulante a juez de familia del distrito judicial de Chota, Cajamarca, expuso sus perspectivas sobre diversas figuras jurídicas de actualidad. Durante la entrevista, los magistrados evaluaron su posición frente a temas controversiales como la suspensión de los plazos de prescripción penal, las medidas de protección en casos de violencia familiar y la aplicación del control de constitucionalidad.
El activismo judicial y su mala interpretación
Uno de los momentos más destacados de la evaluación ocurrió cuando se le consultó al postulante si consideraba que el control de constitucionalidad representa el pilar de la agenda progresista. Álvarez Díaz respondió de manera tajante que no, argumentando que en la actualidad «el activismo judicial está mal entendido» en el debate jurídico. A su criterio, existe una confusión en el medio sobre el verdadero rol del juez frente a la norma, lo que a menudo genera percepciones erradas al momento de resolver las controversias que llegan a los tribunales.
Para fundamentar su postura frente a los magistrados, el postulante citó los postulados teóricos de reconocidos juristas como Manuel Atienza y Robert Alexy. Explicó que el concepto distorsionado del activismo judicial lleva a algunos jueces a preferir invariablemente los principios por encima de las reglas, sin distinguir si se enfrentan a un caso fácil o a un caso difícil. El candidato criticó la falsa premisa de que «a mayor inaplicación de regla, mejores jueces», aclarando que el control constitucional no es activismo judicial, sino una necesidad que debe aplicarse para apartarse de la regla de forma estrictamente justificada, únicamente en los casos difíciles.
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La necesidad de reglas claras y el debate constitucional
Finalmente, el candidato abordó temas de su especialidad, sugiriendo mejoras prácticas en la aplicación de la Ley 30364. Propuso, por ejemplo, que las fichas de valoración de riesgo cuenten con el acompañamiento de personal de psicología para evaluar de mejor manera los testimonios de las víctimas.
Además, sugirió dictar medidas alternativas en contextos de copropiedad familiar para evitar que los procesos de violencia sean instrumentalizados para obtener otros fines, y sostuvo que el plazo de prescripción penal es una garantía que no debió haberse suspendido.
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