En el contexto de la huelga que los trabajadores del Ministerio Público de Arequipa vienen sosteniendo desde el 2 de octubre pasado, la aparición de denuncias sobre diversas irregularidades parece haberse convertido en un hecho cotidiano. Aparentemente los trabajadores de dicha entidad estatal no estuvieron dispuestos a ocultar por más tiempo la desazón que les motivaba la situación actual de una institución que debería ser modélica.
El Distrito Fiscal de Arequipa, actualmente dirigido por la doctora Miriam del Carmen Martina Herrera Velarde, nada ha podido hacer ante la medida de fuerza tomada por los 400 servidores públicos que permanecen en huelga. Lo que empezó con el reclamo por un reconocimiento de la escala remunerativa, ha develado la presencia de una serie de defectos endógenos como el mal trato al personal, el abandono de los trabajadores CAS o el nulo cumplimiento del pago por horas extras de labor.
¿Represalias por publicación en Facebook?
La trabajadora Claudia Mostajo denunció que, a raíz de una nota de opinión que escribió en la red social Facebook, constantes actitudes de hostigamiento parecían tener como objetivo el acallar toda voz abiertamente crítica dentro de la institución. Claudia Mostajo se expresó libremente, en su cuenta personal, sobre la situación presupuestal y las condiciones laborales en las que se desenvuelven centenares de trabajadores, y la jefatura de la Fiscalía actuó de modo opresivo.
El artículo fue escrito a propósito de la exposición del Fiscal de la Nación, Dr. Pablo Sánchez Velarde, en el Congreso de la República, donde sustentó el presupuesto institucional del Ministerio Público. Su comentario no contenía agravios ni dañaba el honor de nadie. Simplemente reiteraba los reclamos de los trabajadores de la Fiscalía para que mejoren sus condiciones laborales. De inmediato se iniciaron una serie de medidas contra Mostajo. Se le prohibió que continúe siendo el nexo entre la Fiscalía y los periodistas locales. La labor que cumplía Mostajo era básicamente de relaciones públicas y prensa de la entidad. Luego se le ordenó que elimine la página en Facebook del Ministerio Público (Arequipa), que se creó para comunicar las actividades y acciones de las diferentes fiscalías.
Lo que es evidente es que no vulneró ninguna norma. La Constitución ampara el derecho de opinión y hasta el Código de Ética del Funcionario Público no establece ningún tipo de censura a las opiniones que puedan emitir los empleados. Al respecto, la fiscal Miriam Herrera negó el amedrentamiento y alabó el artículo de opinión. “El artículo me parece bueno. Todos tenemos el derecho de opinión y de publicar lo que mejor consideremos. No le he pedido que retire su publicación. Lo que sí le dije es que me vuelva a colocar como administradora de una fanpage que contiene información del Ministerio Público”, señaló la fiscal al semanario VP.
Falencias en el Ministerio Público
Falta de agua
De otro lado, y como para corroborar lo que Mostajo describió en su artículo, la semana pasada se conoció que los trabajadores de la sede del Ministerio Público en Arequipa se quedaron sin agua en los servicios higiénicos del local de la calle La Merced.
Así de mal marchan las cosas en esta entidad. Molesto e indignado, el fiscal Herbert Rivera Begazo envió un oficio de queja a la administradora del Ministerio Público. Allí le explica que el último miércoles todos los servicios higiénicos se quedaron sin servicio de agua potable después de la hora de almuerzo. “Esta situación, a todas luces vergonzosa, representa un innecesario menoscabo en el desenvolvimiento de nuestras labores”, manifestó.
No pagan sueldos atrasados
Este no es el único enfrentamiento que ha generado la gestión de la presidenta de la Junta de Fiscales, Miriam Herrera Velarde. A ochenta extrabajadores no les pagan los sueldos correspondientes a junio y julio. Los problemas comenzaron en agosto de este año cuando la gerente administrativa Boni Alarcón Mercado decidió no renovar contrato a 80 personas y los despidió sin pagarles los dos meses de trabajo que les adeudaban.
De este grupo de personas despedidas, 17 laboraban como notificadores, otro grupo en la sección de trámite documentario y en otras áreas de la sede regional del Ministerio Público. La tarea de los notificadores era entregar carpetas fiscales, resoluciones y otra clase de documentos administrativos en un plazo de tres días.
“En julio la administradora Boni Alarcón me dijo que mantendría mi puesto de trabajo pero que me bajaría el sueldo de mil 500 a mil 300 soles. Tuve que aceptar las nuevas condiciones pero igual nos despidieron. Dijeron que por falta de presupuesto, que no es cierto. Dinero tienen y eso consta en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas”, comentó un ex trabajador que prefirió mantener su identidad en reserva para evitar represalias.
El despido de los notificadores afectó la entrega oportuna de las resoluciones fiscales sobre investigaciones en curso. Es por eso que Alarcón dispuso que todos los notificadores destacados en otros despachos fiscales vuelvan a su puesto de origen. La orden fue cumplida por casi todos.
