CAL presenta proyecto de ley para derogar «leyes que favorecen al crimen organizado»

El Colegio de Abogados de Lima (CAL), presidido por el Dr. Raúl Canelo Rabanal, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 12158/2025-CAL, mediante el cual se propone derogar diversas normas que han debilitado la persecución penal del crimen organizado al reducir competencias del Ministerio Público, limitar la tipificación de delitos y excluir conductas graves del marco de crimen organizado.

Estas son las principales normas señaladas:

1. Ley N.º 31751

• Modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106 sobre lavado de activos.
• Efecto: Eliminó la necesidad de acreditar delito fuente, pero redujo el alcance de la persecución en delitos económicos y financieros, generando vacíos procesales aprovechados por redes criminales.

2. Ley N.º 31925

• Modificó el Decreto Legislativo 1244, que fortalecía la lucha contra el crimen organizado.
• Efecto: Excluyó delitos como minería ilegal y corrupción de funcionarios del ámbito de crimen organizado, reduciendo la capacidad investigativa del Ministerio Público.

3. Ley N.º 32107

• Modificó la Ley contra el crimen organizado (N.º 30077).
• Efecto: Estableció restricciones para considerar “organización criminal” a grupos con estructuras menos formales, dejando fuera a bandas que sí operan bajo patrones delictivos organizados.

4. Ley N.º 32138

• Redujo las facultades de la Fiscalía en la conducción de investigaciones.
• Efecto: Transferencia parcial de atribuciones a la Policía Nacional, debilitando la dirección del Ministerio Público en casos complejos.

5. Ley N.º 32096

• Modificó el delito de prevaricato y sanciones al personal fiscal y judicial.
• Efecto: Incrementó penas sin proporcionalidad, generando un efecto intimidatorio en magistrados y fiscales que investigan redes de poder o crimen organizado.

6. Ley N.º 31955

• Reforma del procedimiento de flagrancia.
• Efecto: Introdujo restricciones procesales que dificultan la actuación inmediata del fiscal y el control judicial efectivo en intervenciones por crimen organizado.

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