La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima condenó hoy, miércoles 3, a Alejandro Toledo a 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad por el Caso Ecoteva. Este proceso se centra en los movimientos de fondos «irregulares» vinculados a la empresa Ecoteva Consulting Group gestionada por Eva Fernenbug, suegra del exdignatario.
Además, Avraham Dan On recibió 13 años y cuatro meses de pena y el abogado David Esquenazi se le impuso 11 años de cárcel. Por otro lado, Shai Dan On fue absuelto de las acusaciones fiscales.
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De acuerdo a la Sala, el exmandatario, Josef Maiman y Avraham Dan On conocían de la procedencia «ilícita» del dinero derivado desde Suiza a las empresas offshore de Costa Rica, Milan Ecotech Consulting S. A. y Ecostate Consulting S. A. Las transferencias realizadas por Odebrecht y Camargo Correa (2006 y 2010) configuran la confirmación del acuerdo ilícito, del cual se trató aparentó generar legalidad mediante «servicios simulados».
Asimismo, señaló que Toledo Manrique no pudo acreditar la licitud de más de $4 000 000 usados en la compra de inmuebles en Casuarinas y Torre Omega. Por ello, determinó que el expresidente tuvo participación directa en el delito imputado y Dan On participó como intermediario y coordinador con el fin de recepcionar e introducir el monto ilícito.
El último 11 de junio, la Fiscalía solicitó una pena de 16 años y 8 meses de prisión efectiva para el exmandatario, así como para su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado.
Asimismo, requirió una pena de 10 de años de cárcel para Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, en condición de coautora. Avraham Dan On, exjefe de seguridad presidencial, enfrenta también un solicitud de 16 años y 8 meses. Su hermano, Shai Dan On, y el operador financiero David Eskenazi Becerra cuentan con un pedido de 13 años y 4 meses cada uno.
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La Fiscalía, además, solicitó la disolución de las empresas involucradas y el decomiso de los bienes relacionados con los procesados. Entre las propiedades figuran un inmueble en Las Casuarinas, una oficina con estacionamientos en la Torre Omega (Surco) y una casa de playa en Punta Sal (Tumbes). Se requirió, también, el decomiso de cuentas bancarias tanto nacionales como internacionales y la imposición de una reparación civil solidaria de S/38 220 000.
De acuerdo a esta entidad, Toledo y su círculo familiar emplearon fondos ilícitos originados de sobornos para realizar transacciones y adquisiciones de propiedades. Estos fondos habrían sido canalizados a través de Ecoteva, una empresa registrada en Costa Rica, con el objetivo de blanquear activos a través de la compra de bienes inmuebles y el pago de hipotecas en Perú.
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