El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva entró en su etapa final. Durante la audiencia desarrollada este 11 de junio, la Fiscalía solicitó una pena de 16 años y 8 meses de prisión efectiva para el exmandatario, así como para su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero ilícito habría sido canalizado desde el extranjero mediante un entramado de empresas offshore y utilizado posteriormente para la adquisición de bienes inmuebles y cancelación de hipotecas en el Perú. Estas operaciones, según la Fiscalía, se realizaron a través de las compañías Ecoteva Consulting Group S. A. y Ecotaste Consulting S. A., creadas con fines ilícitos.
«Durante el juicio oral se ha logrado acreditar todos los presupuestos establecidos», manifestó la fiscal superior Liliana Briceño Aguayo, al sustentar el requerimiento fiscal ante el juzgado penal correspondiente. Según detalló, el incremento patrimonial injustificado, la trazabilidad del dinero y la participación de diversos actores configuran un circuito de blanqueo que debe ser sancionado penalmente.
La Fiscalía también pidió la disolución de ambas empresas involucradas, además del decomiso de bienes vinculados a los imputados. Entre estos figuran una propiedad en Las Casuarinas, una oficina con estacionamientos en la Torre Omega (Surco) y una casa de playa en Punta Sal (Tumbes), los cuales habrían sido adquiridos con dinero de origen ilícito. Asimismo, se ha solicitado el decomiso de cuentas bancarias tanto nacionales como internacionales y la imposición de una reparación civil solidaria de S/38 220 000.
En la misma audiencia, la fiscal Briceño también solicitó penas privativas de libertad para otros cinco implicados. Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, enfrenta un pedido de 10 años de cárcel como coautora. Avraham Dan On, exjefe de seguridad presidencial, también fue incluido con una solicitud de 16 años y 8 meses. Su hermano, Shai Dan On, y el operador financiero David Eskenazi Becerra tienen requerimientos fiscales de 13 años y 4 meses cada uno.
De acuerdo con la investigación, la ruta del dinero ilícito inició con los sobornos que Toledo habría recibido de la empresa Odebrecht por la concesión de tramos de la Carretera Interoceánica Sur. Parte de estos fondos —según la acusación— habrían sido canalizados por el fallecido empresario Josef Maiman, a través de cuentas en empresas como Confiado International Corporation, Warbury, Trailbridge y Merhav Overseas. Desde allí, los recursos fueron transferidos hacia Costa Rica y finalmente terminaron en Ecoteva, controlada por Fernenbug.
Con esos fondos, se habrían adquirido los inmuebles antes mencionados, además de pagarse hipotecas en La Molina y Punta Sal, asociadas directamente al entorno familiar del expresidente.
Durante la audiencia, Toledo —quien permanece recluido en el penal de Barbadillo por una condena previa de más de 20 años en el caso Interoceánica— participó de forma virtual. En determinado momento, interrumpió la exposición de la Fiscalía exclamando «¡Es mentira!», por lo que el tribunal optó por silenciar su micrófono.
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El caso Ecoteva es considerado, según la Fiscalía, la segunda etapa del circuito de lavado de activos atribuido a Toledo. Mientras la primera se centró en la recepción del dinero por parte de Odebrecht, esta fase busca esclarecer la utilización final de los fondos, presuntamente dirigidos a consolidar un patrimonio oculto.
La próxima audiencia se realizará el 19 de junio, en la que se prevé la intervención de la Procuraduría del Estado y de las defensas técnicas.
