El caso Ecoteva y la acusación contra Alejandro Toledo explicado así nomás

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Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco Scotiabank de Costa Rica. La primera se creó en el año 2012, en el mes de febrero a la que ingresó 17’067 538 USD (17 millones de dólares).

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El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto. Fernenbug es una de ellas. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamos a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado.

El préstamo fue cancelado en 89 días. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban.

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La tesis del Ministerio Público afirma que la compra de los bienes inmuebles que adquirió el expresidente a través de su suegra Eva Fernenbug, sería parte del dinero que recibió como presuntas coimas por la licitación irregular que se le otorgó a la empresa Odebrecht (tramos 1 y 3) y a Camargo Correa (tramos 4) de la Carretera Interoceánica Sur.

El dinero de dichas coimas fue blanqueado en el Perú a través de la compra de inmuebles. Así lo aseguran los fiscales del Equipo Especial.

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¿Dónde inicia todo? 

La investigación inició cuando la procuradora Julia Príncipe solicitó en 2013 que se investigue a Eva Fernenbug, por la adquisición de una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco valorizada en 882 mil dólares. Estas casas fueron canceladas con dinero de la empresa Ecoteva de Costa Rica.

Además se pagó las hipotecas de sus casas de Camacho (US$ 217.000) y de Punta Sal (US$ 277.000) con fondos de la misma empresa. Según Toledo, Maiman le prestó más de medio millón de dólares, pero sin la firma de ningún contrato. Tampoco ha podido acreditar si actualmente está pagando o no ese préstamo.

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Un año más tarde, en 2014, con un total de 87 votos a favor y sin votos en contra se aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, sobre la investigación del caso Ecoteva, que recomendó denunciar al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa, Eliane Karp, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Enterado de esto, Toledo presentó un recurso de hábeas corpus que buscaba anular este informe. Un año después, en 2015, el propio Tribunal Constitucional (TC) rechazó el hábeas corpus presentado por el expresidente.

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Toledo y Karp aludieron que el proceso llevado a cabo por ese grupo de trabajo había vulnerado los derechos fundamentales a la debida motivación y a la observancia de la razonabilidad en el uso de la causal de interés público, así como a un proceso preestablecido por la ley.

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Sin embargo, en su resolución, el Tribunal Constitucional se refirió a la autonomía que tiene el Legislativo para iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público.

Tras esto, en 2016, el Poder Judicial (PJ) le abrió un proceso de investigación por el presunto delito de lavado de activos a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

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La denuncia fue interpuesta el 22 de abril de ese año, ante el 16 Juzgado Penal de Lima que por ese entonces estaba a cargo del juez Abel Concha.

Hay que precisar que durante todo el tiempo de investigación, la defensa técnica de Alejandro Toledo ha presentado numerosos hábeas corpus aludiendo vulneración de sus derechos fundamentales.

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Josef Maiman, el colaborador eficaz

En 2016, para establecer el verdadero origen del dinero en el caso Ecoteva, el juez Abel Concha dispuso el levantamiento del secreto bancario de la ‘cuenta madre’ de la firma panameña Confiado International del LGT Bank de Suiza, cuyo propietario era el empresario israelí, Josef Maiman.

Desde esta cuenta se había detectado la procedencia de los más de US$ 5 millones usados por la suegra de Alejandro Toledo en la compra de inmuebles en Lima.

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Josef Maiman, amigo cercano de Toledo, optó por acogerse a un proceso especial de colaboración eficaz, por eso mismo no fue incluido en la acusación formalizada por fiscalía. Hasta el momento, Maiman ha reconocido que el dinero de Ecoteva era parte de los sobornos que habría recibido el exlíder de Perú Posible.

Según se supo, Maiman declaró ante la fiscalía peruana que, a pedido de Toledo, usó las cuentas de sus empresas para recibir el dinero de los sobornos de las constructoras Odebrecht y Camargo Correa.

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La acusación fiscal

El pasado 17 de junio, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia, por el caso Ecoteva.

La acusación se formalizó ante la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres e incluye el pedido para proceder con el requerimiento de extradición activa de Toledo y su esposa, quienes se encuentran en Estados Unidos.

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La fiscalía consideró que “el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados [lavados]” supera las 500 unidades impositivas tributarias (S/ 2,1 millones).

Esta acusación fiscal alcanza además a:

1.- ​Alejandro Toledo (coautor) 16 años y ocho meses.
2.- Eliane Karp (coautora) 16 años y ocho meses
3.- Avraham Dan On (coautor) 16 años y ocho meses
4.- Shai Dan On (coautor) 13 años y cuatro meses
5.- David Eskanazi (cómplice primario) 13 años y cuatro meses
6.- Eva Fernenbug (coautora) 10 años

Se solicitó que cada uno de ellos pague una reparación civil de S/ 6’370.000.

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La investigación y el proceso judicial en primera instancia duraron seis años desde que el hecho fue denunciado. El caso ha sido tratado como la consecución de la investigación que se sigue a Toledo y otros por el caso Odebrecht.

Sobre esta acusación, Roberto Su, abogado del exmandatario, dijo a la prensa que hace dos semanas presentó una recusación contra los integrantes de la Cuarta Sala Superior –que analizará la acusación– por dudas sobre su imparcialidad. “Primero debe resolverse ese incidente”, precisó.

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Periodista experto en judiciales y marketing jurídico, capacitador en derecho penal y constitucional, en materias de libertades comunicativas y protección de datos personales. Maestrante en comunicación transmedia por la Universidad de la Rioja (España), con estudios en la MIU City University Miami y la Universidad de Buenos Aires. Creador y director de «Se Corre Traslado», «La pepa legal», «La vida del litigante» y «Crimiadictos», producciones transmitidas a través de LP-Pasión por el Derecho.