Fundamento destacado: IV. […] 5.3. Principios rectores del derecho ambiental.
El derecho ambiental se encuentra influenciado enormemente por un conjunto de saberes que superan la disciplina jurídica. En consecuencia, la probabilidad de llegar a un acuerdo sobre la materia se incrementa cuando existe: un consenso científico sobre la causa y seriedad de una amenaza al ambiente, un incremento en la conciencia pública y un beneficio significativo en términos políticos y económicos a corto plazo[121].
De entrada, se advierte una clara interrelación con las ciencias naturales. El cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la extinción de especies, la acidificación de los océanos, los niveles tolerables de contaminación del aire y la atmosfera, son objeto de estudio de las disciplinas científicas a donde el derecho solo llega como ente regulador para fijar parámetros con fuerza de ley, pero soportados en estudios realizados por esos otros campos del conocimiento. No es de extrañar entonces que la problemática ambiental obligue al ordenamiento jurídico a atender los avances de otras disciplinas, tales como la geografía, geología, hidrología, ecología, química y botánica[122]. Tampoco sorprende que los ordenamientos jurídicos hayan sido por mucho tiempo reacios a emprender medidas regulatorias, sino únicamente en los casos donde existiese evidencia científica concluyente de que una actuación era necesaria. Solo en la última década, con la difusión del principio de precaución se ha exigido una carga probatoria menos rigurosa para tomar acciones de protección ambiental.
Una segunda tensión surge con las ciencias económicas. Las leyes de protección ambiental suponen en muchas ocasiones costos considerables, lo cual conlleva al dilema central del “desarrollo sostenible” que se estudiará a continuación: ¿Qué precio estamos dispuestos a soportar como sociedad para conservar la naturaleza?, ¿Qué entendemos por desarrollo? Ocurre que ciertos países “desarrollados” se podrán ver beneficiados de la adopción de estrictos estándares ambientales, incluyendo la ventaja de vender productos y servicios ecológicamente amigables; mientras que otros podrán resentirse de la amenaza que significa para su competitividad el hecho que sus vecinos no acaten los mismos estándares de protección y, por ende, no incluyan las externalidades propias de la contaminación ambiental.
Por último, un consenso social en torno a la protección del ambiente se hace particularmente difícil de alcanzar en sociedades plurales, en cuanto a sus valores, creencias y cosmovisiones. En estos escenarios, el ordenamiento jurídico debe recurrir a mecanismos participativos de deliberación que permitan comprender las diversas concepciones presentes en el seno de una sociedad, antes que asumir visiones hegemonizantes de desarrollo y progreso[123].
Una vez sentadas las anteriores premisas, se entiende por qué los principios del derecho ambiental concurren necesariamente con otras disciplinas del conocimiento y requieren de un constante proceso de actualización y deliberación pública. Esto con el fin de garantizar una toma decisiones responsable, es decir acorde con los avances científicos y respetuosa de la diversidad cultural presente en sociedades como la colombiana.
Sentencia T-080/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION POPULAR-Desarrollo histórico y normativo
ACCION POPULAR EN EL CODIGO CIVIL
ACCION POPULAR EN LA CONSTITUCION DE 1991
En materia de derechos colectivos es claro que el propósito del Constituyente fue el de extender el campo tradicional de esta clase de acciones que ya existían en estatutos civiles anteriores, fortaleciendo la competencia de los jueces y su capacidad para proteger los derechos de las personas. La Corte Constitucional ha explicado que a la luz del nuevo marco institucional y social resumido a través de la fórmula del Estado social de derecho, se reivindica la prevalencia del interés público al tiempo que empodera a los ciudadanos con herramientas jurídicas efectivas para que velen activamente por lo comunitario.
ACCION POPULAR-Finalidad preventiva y restaurativa o de restablecimiento a favor del colectivo afectado
REGIMEN DE TRANSICION EN LAS ACCIONES POPULARES-Aplicación de la ley 472 de 1998
Las acciones populares no son un instrumento jurídico ajeno a la tradición legal de Colombia. Desde el Código Civil de 1887 se consagraron varias figuras al alcance de la ciudadanía en general o de los vecinos de un determinado lugar con el objetivo de conjurar el riesgo sobre un bien público o de interés común, así como de resarcir el daño ocasionado sobre el mismo. La Carta Política de 1991 revitalizó y promovió la defensa de lo público mediante un conjunto de herramientas constitucionales. Particularmente, la Ley 472 de 1998 desarrolló lo referente a las acciones populares conservando el doble propósito de prevención y restitución del derecho colectivo vulnerado, al tiempo que dispuso un marco legal más específico y orientado a la obtención del derecho sustancial y del equilibrio entre las partes convocadas.
DERECHO AMBIENTAL-Principios rectores
MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCION DE 1991-Contenido
CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional
CONSTITUCION ECOLOGICA-Diversas aproximaciones a lo ambiental
Las múltiples disposiciones normativas que existen y el enfoque pluralista que promueve la propia Carta, hacen que la relación entre la Constitución y el medio ambiente no sea una sola y estática. Es posible identificar al menos tres aproximaciones que explican el interés superior de la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano y la protección reforzada que se le otorga: (i) en primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica que concibe al ser humano presente como única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como meros objetos al servicio del primero, (ii) un segundo punto de vista reivindica concepciones más globales y solidarias de la responsabilidad humana, que abogan por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; (iii) finalmente, se han formulado posturas contra-hegemónicas que conciben a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos, y que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas a la posición mayoritaria.
CONCEPTO DE NATURALEZA-Importancia en el derecho ambiental
PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DERECHO AMBIENTAL-Contenido
PRINCIPIO DE PREVENCION EN EL DERECHO AMBIENTAL-Contenido
PRINCIPIO DE PRECAUCION EN EL DERECHO AMBIENTAL-Contenido
PRINCIPIO DE QUIEN CONTAMINA PAGA EN EL DERECHO AMBIENTAL-Contenido
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD JURIDICA POR EL DAÑO AMBIENTAL-Hecho generador del daño, el daño como tal y el nexo de causalidad entre ambos
La jurisprudencia como la legislación nacional, para hacer frente a las demandas ambientales puestas de presente, han retomado los elementos básicos del régimen de responsabilidad civil, a saber: (i) hecho generador del daño, (ii) el daño como tal y (iii) el nexo de causalidad entre ambos. No obstante, también ha sido necesario adaptar los mismos a los desafíos propios del derecho ambiental, particularmente en lo que tiene que ver con el concepto de daño.
RESTABLECIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO AMBIENTAL
PRUEBA TECNICA PARA LA CUANTIFICACION DEL DAÑO AMBIENTAL-Importancia
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Cumplimiento y seguimiento a las medidas de reparación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL CURSO DE UNA ACCION POPULAR-Defecto sustantivo, por cuanto autoridad judicial debió aplicar art. 34 de la ley 472/98 en lo referente a los mecanismos procesales para resarcir o recuperar integralmente daño ambiental por derrame de líquido en la Bahía de Cartagena
Esta Corporación ha expresado que el defecto sustancial o material se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”. No obstante la autonomía de los jueces para determinar las normas aplicables al caso concreto y establecer la interpretación e integración del ordenamiento jurídico, a estos no les es dable apartarse de las disposiciones constitucionales o legales. En la decisión que se revisa el Tribunal de Cartagena descartó de forma general todos los preceptos de la Ley 472 de 1998, invocando los principios de la ley en el tiempo. Con ello, sin embargo, desconoció la aplicación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual también resultaba vinculante en este caso en lo referente a los mecanismos procesales para resarcir o recuperar integralmente el daño ocasionado.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL CURSO DE UNA ACCION POPULAR-Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas con relación a la magnitud del daño ambiental por derrame de líquido en la Bahía de Cartagena
SENTENCIA COMPLEMENTARIA-Medidas de restablecimiento y resarcimiento del daño ambiental por derrame de líquido en la Bahía de Cartagena, y de prevención de futuros siniestros
[Continúa…]
