El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista personal al abogado Carlos Mendoza Delgado, postulante a juez especializado en violencia familiar en el distrito judicial de Cusco.
Durante esta evaluación, que forma parte de la fase final del concurso público para el nombramiento de magistrados, el presidente del colegiado planteó una interrogante fundamental para conocer las motivaciones jurisdiccionales y personales del postulante: «¿Por qué el cambio de fiscal a juez y sobre todo por qué el cambio de Ayacucho a Cusco?».
Trayectoria, arraigo y cuestionamientos
Al responder a la interrogante central, Mendoza Delgado explicó que su labor de once años como representante del Ministerio Público, tanto en una fiscalía común en Ayacucho como en una fiscalía especializada de Espinar (Cusco), le ha otorgado la sensibilidad y solvencia moral necesarias para asumir la judicatura, cuya función principal radicará en dictar medidas de protección oportunas para las víctimas.
Respecto a su traslado territorial, el candidato aclaró que es natural del Cusco y cuenta con arraigo familiar en dicha región, por lo que busca retornar a su lugar de origen para aplicar los conocimientos adquiridos tras haberse desplazado hacia Ica y Ayacucho por motivos laborales desde el año 2015.
En otro momento de la entrevista, el integrante de la JNJ cuestionó la calificación del postulante en el exámen de conocimientos, donde obtuvo 70 puntos, cifra que representa el límite aprobatorio mínimo. El postulante justificó este resultado señalando la alta exigencia de la prueba y destacó que logró ratificar su preparación al superar satisfactoriamente la evaluación de estudio de casos.
Asimismo, debió esclarecer un presunto antecedente penal por omisión y demora de actos funcionales; mediante la exposición de sus datos de identidad, como el número de DNI, estatura y lugar de nacimiento. El abogado demostró documentadamente que la condena le pertenecía a una persona homónima.
Inscríbete aquí Más información
Propuestas sobre el Código Procesal Penal
La evaluación continuó con la intervención de Cayo Galindo, quien le solicitó al candidato un análisis crítico sobre las instituciones jurídicas del actual Código Procesal Penal a partir de su experiencia fiscal. Inicialmente, Mendoza hizo referencia a los problemas de orden logístico que limitan la celeridad de las investigaciones, destacando la falta de cámaras Gesell en zonas alejadas de difícil acceso, lo que obliga a revictimizar a las personas agraviadas por violencia sexual al forzarlas a realizar viajes de hasta seis horas para brindar su testimonio. Ante esto, el evaluador le solicitó enfocarse en aspectos netamente jurídicos y procesales que requieran replantearse en la norma.
Frente a esta precisión conceptual, el postulante propuso una modificación en la aplicación del proceso inmediato, una figura procesal actualmente diseñada para delitos de bagatela o casos con requisitos muy específicos como la omisión de asistencia familiar.
Según la perspectiva del postulante, si durante las diligencias de la etapa preliminar ya se logró recopilar todos los elementos de convicción suficientes, como la declaración en cámara Gesell y las testimoniales, la ley debería permitir que el proceso inmediato también se aplique a delitos de suma gravedad, como la violación sexual. De esta manera, argumentó, se podría acusar y sentenciar con celeridad sin la necesidad burocrática de formalizar la investigación preparatoria.
Para acceder al vídeo de la entrevista clic AQUÍ.
