La vida es el primer valor que protege nuestra Constitución porque es la base del ejercicio del resto de derechos. A su vez, es necesario regular y garantizar adecuadamente el derecho al trabajo, porque este contribuye con el sustento de la existencia, tanto del ser humano como de la estructura estatal. Lamentablemente, la crisis de violencia que asola nuestra nación y el actuar de nuestras instituciones y sus representantes nos indican que nuestro Estado no prioriza ni la vida, ni el trabajo.
Cientos de instituciones educativas privadas cerraron; muchas unidades de transporte público repletas de pasajeros son víctimas de las balas del terror; seres humanos son asesinadas en plena luz del día, sin importar si tienen niños en sus brazos o si a media cuadra se encuentra efectivos militares o policiales. Muchos ciudadanos de zonas desfavorecidas tienen que pagar por vivir en sus domicilios sin sufrir atentados. Se reparten granadas, balas y diversas amenazas en hogares y negocios. Ningún estado de emergencia ha funcionado, el problema empeora.
En los días finales del mes de abril se reportó la desaparición de 13 vigilantes que prestaban servicios en la minera Poderosa, ubicada en el distrito de Pataz, La Libertad. Según las denuncias, los familiares de las víctimas habrían sido extorsionados con el pago de S/4 000 000 (cuatro millones con 00/100 soles) a cambio de su liberación.
Poco antes del día del trabajo, el 30 de abril del presente año, nuestro premier descartó a nivel nacional que se tratara de trabajadores de la empresa citada. Peor aún, dudó de la veracidad del secuestro, tildándolo de “supuesto”. ¿Qué quería transmitir con estas declaraciones? Pero, sobre todo: ¿Qué pudo asumir un grupo de secuestradores que exige un millonario rescate, cuando el primer ministro de Estado cuestiona públicamente la existencia del secuestro? Realmente indignante.
En las vísperas de una fecha que debió ser motivo de júbilo y reflexión, que conmemora a tantos trabajadores que dieron su libertad y hasta su vida para conquistar derechos básicos de los que ahora todos disfrutamos, la comunicación pública del premier debió centrarse en minimizar los riesgos para los trabajadores secuestrados. No fue así. Tales expresiones abandonaron a las víctimas. La semana del día del trabajo se tiñó de sangre; sangre de 13 personas que representan a sectores desfavorecidos de nuestra sociedad, al punto de arriesgarse a trabajar en entornos con tanta informalidad e inseguridad.
De acuerdo con la información que arrojan los medios de comunicación, las acciones de las instituciones competentes de proteger el orden internos tampoco fueron las adecuadas. Quisiera confiar en ellas, pero cada vez es más difícil. Quisiera confiar en nuestros máximos representantes, pero sus acciones se alejan del interés general. Me resulta incomprensible que se evalúe el incremento de ingresos de la primera presidenta del Perú, cuando la economía tambalea, la seguridad alimentaria peligra y la vida de todos está en constante riesgo.
Por las cuestiones más elementales de decencia, responsabilidad política y empatía, es necesario, como mínimo, que nuestro primer ministro renuncie o sea apartado del cargo. Espero que ello se logre antes de que estas consideraciones sean publicadas. Aún así, será muy tarde.
Muchos podrían asumir que este portal jurídico no es el ámbito idóneo para una reflexión de este calibre. Pero la hago porque, como profesional del Derecho, tengo fe. En línea con el octavo mandamiento del abogado, de Eduardo Couture, “[t]en[go] fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y, sobre todo, ten[go] fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz”.
No debemos perder la fe, y esto comienza con pronunciarnos de manera activa y civilizada como estudiantes, como profesionales, como trabajadores y empleadores, como ciudadanos. Los gremios de empresarios y empleados tienen un papel clave, sin duda. Las casas de estudio también tienen un rol importante, aunque varias aún no lo hacen. En un país con altos porcentajes de tolerancia a la corrupción, manifestar nuestra legítima indignación es uno de los primeros pasos para salir adelante. En la línea de Aristóteles, no hacerlo deformará nuestra vida ética. En nuestro caso, no hacerlo podría terminar con nuestra existencia o la de nuestros seres queridos.
Hace mucho tiempo que las ideas políticas de cada uno dejaron de ser un impedimento para participar. Este problema afecta a todos y es por esa razón que ahora, sin importar nuestras diferencias, debemos caminar en una sola dirección: exigir nuestra paz.
