Marie Ayasta Galindo, abogada especialista en gestión pública e integridad institucional, postula a la Cámara de Diputados por Lima por el partido Somos Perú. Durante su participación en una entrevista para Tribuna Electoral, la exregidora distrital centró su discurso en la necesidad de establecer mecanismos rigurosos contra la corrupción, destacando su experiencia previa en la denuncia penal de organizaciones criminales enquistadas en la administración municipal. En ese sentido, la candidata instó a la participación activa en el control gubernamental y afirmó: «Y eso es lo que necesitamos en este momento personas que dejen de denunciar a través de las redes sociales y que pasen a la acción y denuncien físicamente».
Reformas al sistema de justicia y extinción de dominio
En el ámbito de las reformas institucionales, Ayasta detalló que el plan de gobierno de su organización política propone modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La iniciativa plantea que los integrantes de este órgano jurisdiccional sean elegidos mediante voto popular, previa evaluación de una terna en el Congreso, para garantizar la idoneidad y transparencia de los perfiles sometidos a escrutinio. Asimismo, respecto a la lucha contra la minería ilegal, planteó la aplicación de la extinción de dominio sin requerir una sentencia firme, habilitando el desapoderamiento de bienes en etapas tempranas del proceso penal para evitar actos de disposición de la maquinaria incautada, de forma que «pueda darse simplemente con la formalización de la denuncia».
Por otro lado, Ayasta sustentó la necesidad de declarar la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción. Desde su perspectiva, la extinción de la acción penal por el mero transcurso del tiempo favorece la impunidad y suele ser consecuencia de las acciones dilatorias ejercidas por la defensa técnica de los procesados, más que de una inacción del Ministerio Público. Bajo esta premisa normativa, aseguró que «Las personas sentenciadas por delitos de corrupción de funcionarios no tendrían por qué volver a ejercer cargo público», argumentando que los servidores que vulneran los bienes jurídicos del Estado no deben eludir la justicia escudándose en la prescripción.
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Medidas penales drásticas e integridad institucional
En el extremo del derecho penal sancionador, la aspirante a legisladora manifestó su respaldo a la implementación de la pena de muerte para delitos de corrupción de funcionarios, sicariato y extorsión. Al ser consultada sobre la viabilidad constitucional de esta propuesta frente a los compromisos internacionales ratificados por el Estado peruano, reconoció que la medida requeriría apartarse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este punto procesal, sostuvo: «Y si tenemos que renunciar al pacto de San José, no es inmediato obviamente, durará unos años, pero sabes qué es una medida que ya las personas en este momento lo piden».
Finalmente, en materia de gestión estatal y prevención de la criminalidad, propuso fortalecer los canales de fiscalización y el uso obligatorio de los portales de transparencia para vigilar el gasto público y el registro de visitas en las entidades gubernamentales. Como parte de un modelo de integridad institucional, indicó que promoverá el equipamiento tecnológico de la Policía Nacional, exigiendo el uso de cámaras corporales (bodycams) en las intervenciones, e impulsará un mayor presupuesto para la capacitación en el Ministerio Público. «Si hay un gobierno que trabaje íntegramente la ciudadanía va a sentir que está siendo atendida de manera efectiva», concluyó.
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