Fundamento destacado: 22. En el ámbito del orden interno, la seguridad ciudadana implica un conjunto de actuaciones de prevención, investigación y combate del delito que lleva a cabo la PNP, a fin de garantizar que la ciudadanía no se vea amenazada ni afectada por la delincuencia común ni por la criminalidad organizada. Así las cosas, el mantenimiento tanto de la seguridad ciudadana como del orden interno, son objetivos esenciales del Estado, función que recae principalmente en la PNP.
PLENO JURISDICCIONAL
Expedientes 00008-2021-PI/TC y 00012-2022-PI/TC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
21 de noviembre de 2024
Caso de la Ley de Protección Policial
COLEGIO DE ABOGADOS DE HUAURA Y COLEGIO DE ABOGADOS DE PUNO C. CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Asunto
Demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 31012, Ley de Protección Policial.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2024, en sesión de Pleno Jurisdiccional, los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez han emitido la presente sentencia. Los magistrados Domínguez Haro (vicepresidente) y Monteagudo Valdez emitieron votos singulares que se agregan. El magistrado Gutiérrez Ticse, si bien suscribió el primer y segundo punto resolutivo de la ponencia, emitió voto singular respecto al tercer punto resolutivo. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
I. ANTECEDENTES
A. PETITORIO CONSTITUCIONAL
Con fecha 15 de marzo de 2021, el Colegio de Abogados de Huaura interpone demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 31012, Ley de Protección Policial. Sostiene que la referida norma es inconstitucional por cuanto vulnera los artículos 2.1, 2.4 y 139.2 de la Constitución Política de 1993. Por su parte, el Colegio de Abogados de Puno, mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2022, presenta demanda de inconstitucionalidad contra la misma Ley 31012. Alega que el artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria de referida norma afecta los artículos 2.1, 2.2, 139.2, 139.3, y 200 de la Constitución Política de 1993.
Mediante auto de fecha 16 de enero de 2023, el Tribunal Constitucional, invocando el artículo 113 del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo), resuelve la acumulación de los Expedientes 00008-2021-PI/TC y 00012-2022-PI/TC. Con fechas 15 de junio de 2021 y 16 de febrero de 2023, el Congreso de la República contesta ambas demandas solicitando que sean desestimadas en todos sus extremos.
[Continúa…]

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![EXP. N.° 0022-2009-PI/TC LIMA GONZALO TUANAMA TUANAMA Y MÁS DE 5000 CIUDADANOS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 09 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agregan. ASUNTO Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.° 1089. DEMANDA Y CONTESTACIÓN a) Demanda contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales Con fecha 01 de julio de 2009, se interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Los demandantes refieren que “'sin entrar al fondo del contenido de la norma”, ésta fue promulgada sin efectuar ninguna consulta previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional De Trabajo (OIT), afectándose con ello los derechos fundamentales de los pueblos Indígenas, como el derecho a la consulta previa y el derecho colectivo al territorio ancestral, establecidos en los artículos 6, 15, 17 del mencionado convenio. De igual forma, expresan que no se tomaron en cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Alegan que con dicha norma se afectan otros derechos establecidos en el Convenio N.° 169, como el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas (artículos 13 al 19), en el considerando que no se tomaron en cuenta medida que garanticen la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Refieren que se afecta también el derecho a la libre determinación de las comunidades nativas, previsto en el artículo 17 del Convenio, que declara el respeto de sus formas tradicionales de transmisión de sus territorios. Por último, alegan que se estaría vulnerando lo previsto en el artículo 19 del Convenio en cuanto se afecta el derecho al desarrollo de políticas agrarias adecuadas para los pueblos indígenas. [Continúa...] Descargue la resolución aquí](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-1068x561.png)


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![El JNE ejerce funciones jurisdiccionales y administrativas constitucionales, estas últimas se dividen en directas (vinculadas al ejercicio de derechos políticos e identidad civil) e indirectas (relacionadas con la supervisión de los órganos que ejecutan funciones administrativas directas) [Exp. 0002-2011-PCC/TC, f. j. 33]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-324x160.png)