En funcionamiento desde 1997, el penal de Challapalca confina en sus muros a reos de mediana y alta peligrosidad como Gerson Gálvez (alías Caracol), Joran van der Sloot o Erick Moreno (El Monstruo). Pese a su importancia para el sistema carcelario nacional, la Comunidad Campesina de Maure ha denunciado una presunta irregularidad en su edificación.
Ante estos cuestionamientos, en mayo de 2019, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en una declaración jurada firmada por el jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, Eduardo Tello Pereyra, alegó que la donación del terreno fue ratificada por el presidente de la comunidad campesina, Marcial Laura Condori, según un acta de acuerdo entre el INPE y la comunidad.
Sin embargo, el dirigente ha negado la existencia de este documento. «En ese entonces yo he emplazado públicamente al funcionario para que muestre tal acta. Pero mi persona, como el equipo técnico del Colegio de Arquitectos hemos buscado en la Sunarp todo el título archivado, pero no existe tal acto de donación ni firmado por mi persona ni por la comunidad«, declaró a Radio Uno.
El mismo medio informa que solicitó al INPE, el 12 de noviembre de 2024, una copia del acuerdo. No obstante, no recibieron respuesta y el caso fue elevado al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que otorgó un plazo de siete días para una repuesta precisa. Radio Uno indica que aún no ha recibido la copia del acta.
El 13 de agosto de 2025, el jefe del equipo de logística de la Oficina Regional Altiplánica de Puno informó al medio que «no se encontró registro, copia ni antecedente alguno del documento solicitado», así como que la oficina no habría participado en la suscripción del presunto acuerdo.
Al respecto, LP converso con el penalista Alex Choquecahua Ayna sobre sus declaraciones en torno a que en este caso podría hallarse una presunta falsedad ideológica, la posible acción penal contra el INPE, entre otros temas.
¿Qué indicios encuentra para sustentar que se trataría de un caso de presunta falsedad ideológica?
Nos encontramos frente a un documento, una declaración jurada, que tiene cualidad probatoria intrínseca y que lo empleó el INPE para presentarlo a los registros públicos para poder titular estas tierras donde se encuentra el penal. Esta declaración dice que estamos en posesión en mérito a una donación que ratificó el señor presidente de la comunidad, Marcial Laura, y él ha declarado públicamente en el programa Radio Uno indicando que no ha firmado ni ratificado ninguna donación.
Esa afirmación dada por el funcionario penitenciario es falsa. Por tanto, al darnos cuenta de que se estaría introduciendo una información falsa en una declaración jurada que tiene cualidad probatoria intrínseca, nos encontramos claramente ante el delito de falsedad ideológica.
¿Qué consecuencias podrían suscitarse para el penal de Challapalca si la Comunidad Campesina de Maure inicia un proceso penal?
Creo que claramente podría condenarse al funcionario penitenciario que firmó esta declaración jurada, como es el jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria y otros responsables más. Independientemente de ello, lo cierto es que todo acto de inscripción registral, de titulación, que se basa en documentos falsos o de contenido falso como este, genera una nulidad. La comunidad campesina, si decide accionar puede conseguir la nulidad de esta inscripción y luego solicitar el desalojo, inclusive de las tierras donde se encuentra el penal de Challapalca.
¿Qué efectos ha tenido este presunto uso irregular del terreno para la comunidad campesina?
Tanto la comunidad campesina, como la provincia de Tarata y la región de Tacna, se encuentran muy indignadas por la presencia del penal de Challapalca en esta zona, debido a que la existencia de reos de alta peligrosidad en una ciudad tan tranquila contribuye al incremento de los índices de criminalidad en la ciudad. Familiares, amistades o integrantes de las organizaciones criminales de los cabecillas que se encuentran en Challapalca llegan a la ciudad de Tacna con motivo de visita, coordinación, entre otros.
Entonces, es por eso que la sociedad civil de Tacna está en contra de la existencia misma y, con mayor razón, de la ampliación del penal Challapalca. La comunidad de Tacna dice ‘si es que quieren meter a un buen penal a los internos líderes de organizaciones criminales, perfecto, que lo lleven a las sierras de La Libertad o de Lima, pero no nos lo traigan a Tacna’. Es lo que dice la sociedad civil tacneña.
