La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ica y Cañete consiguió que se dicte una condena de ocho años de prisión efectiva para Anthony Bazán, quien exigió la renuncia de un fiscal provincial del Distrito Fiscal de Ica a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.
Según la investigación y los hechos comprobados por la fiscal provincial Anyela Salazar Alca, el hoy condenado realizó actos de intimidación a través de amenazas de muerte en la red social Facebook. Bazán utilizó material audiovisual y aplicaciones de edición como Voice Changer y Viva Videos para alterar su voz.
Durante el juicio oral, se comprobó también que el sentenciado creó un perfil falso y buscó intimidar al representante del Ministerio Público con el objetivo de impedir sus labores. Sobre la base de pruebas documentales, testimoniales y demás pericias, se consiguió que se le imponga la obligación de pagar S/5000 de reparación civil al agraviado y S/2000 a favor del Estado.
La sentencia obtenida significa un precedente relevante en la protección de los operadores de justicia, ya que son considerados defensores de derechos humanos. A través de estas acciones, se reafirma el compromiso del Ministerio Público en la defensa de la legalidad contra todo acto de violencia, intimidación o amenaza dirigida contra fiscales en el ejercicio de sus funciones.
Fuente: Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo
