El mundo del trabajo atraviesa transformaciones impulsadas por «aspectos tecnológicos» y el «cambio climático». Durante el programa Hora Extra, el docente Miguel Canessa explicó que la normativa contemporánea está obligada a dar «respuestas normativas» frente a factores que alteran la prestación de servicios convencional. Para el especialista, si bien las leyes no originan las nuevas realidades, «el fenómeno social sí obliga al derecho a que dé una respuesta» para evitar que se agrande la brecha de desprotección legal.
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Impacto climático y estancamiento normativo
«El incremento de las temperaturas afecta directamente» a los operarios, advirtió Canessa al analizar las afecciones renales detectadas en el sector agroexportador centroamericano. Ante la posibilidad de que la costa peruana alcance niveles térmicos similares, resulta imperativo implementar pausas e hidratación para no mermar las «reservas corporales de agua» del personal que labora a la intemperie. La adopción de estas medidas permitiría mantener los «estándares» internacionales exigidos en el mercado bajo la premisa de la «debida diligencia».
Por otro lado, la proliferación de plataformas digitales ha reconfigurado la prestación de servicios a nivel global, pero el ordenamiento jurídico nacional muestra resistencia para asimilar estas nuevas dinámicas. Sobre esta falta de adecuación legislativa, el académico formuló una crítica directa al sistema vigente: «Seguimos aferrándonos a un derecho del trabajo del siglo XX. No salimos de ahí, nos hemos malacostumbrado». Mantener una postura de rechazo genera una exclusión jurídica que deja sin tutela a gran parte de la población trabajadora.
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Rol de la judicatura y la academia
Frente a la inoperancia del Estado para emitir leyes acordes a la coyuntura, los vacíos normativos se suplen en los tribunales mediante el uso de «normas internacionales». El especialista destacó que magistrados de la región ya aplican instrumentos de la OIT, como la Recomendación 198, utilizándolos como «fuente de derecho» para resolver controversias. De esta forma, la judicatura asume un rol protagónico para cumplir con el objetivo central de la disciplina, el cual consiste en «proteger a las personas que laboran».
Finalmente, la gestión de estos modelos contractuales requiere un abordaje que integre «sociología, economía, derecho, gestión y psicología». Para dotar a los profesionales de herramientas técnicas que permitan formular políticas viables, la Pontificia Universidad Católica del Perú reestructurará sus posgrados. Así, a partir de 2027 ofrecerá a distancia la «maestría de relaciones y gestión de personas en el mundo del trabajo», buscando incentivar un verdadero «diálogo social» dentro de las empresas.
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