En una reciente transmisión del programa de entrevistas jurídicas Tribuna Electoral, se presentó Luis Miguel Calla Salazar, abogado especialista en derecho administrativo y candidato a la Cámara de Diputados por Lima con el número 26, en representación del Partido Aprista.
Durante el espacio dirigido a la comunidad jurídica, el candidato expuso sus principales motivaciones políticas, centradas en la fiscalización de funcionarios públicos y la emisión de normativas, además de abordar sus recientes denuncias contra magistrados del Ministerio Público.
Uno de los temas centrales de la entrevista fue la confirmación de sus denuncias penales por peculado de uso contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Calla argumentó que los fiscales habrían utilizado bienes del Estado, tales como sillas, mesas, computadoras y la red de internet institucional, para ejercer su autodefensa durante diligencias personales.
Ante los cuestionamientos sobre la aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal frente a estos hechos, el candidato defendió su postura señalando que el Ministerio Público acogió su denuncia al hallar indicios razonables para abrir una investigación preliminar.
En el ámbito de su trayectoria política, el candidato recordó su gestión como consejero regional en Moquegua, donde se autodenomina «cazador de lagartos» por su rol como denunciante en las investigaciones del caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional. Asimismo, Calla se pronunció sobre el proceso penal vigente que afronta por el presunto delito de usurpación de funciones, defendiendo su inocencia y calificando la acusación como una venganza política impulsada por la actual gobernadora regional de Moquegua.
En cuanto a sus iniciativas legislativas, Calla presentó como primera propuesta la creación de una norma que otorgue el beneficio del medio pasaje a los adultos mayores de 65 años en el transporte urbano. Precisó que esta medida estaría enfocada en los sistemas de transporte masivo formal, como el Metropolitano y el Metro de Lima, argumentando que este sector de la población ha contribuido durante años con el pago de impuestos al Estado y merece un trato económico similar al de los universitarios.
Vinculado a la atención de este mismo sector demográfico, el candidato propuso la construcción de un hospital geriátrico de gran magnitud. Aseguró que un eventual tercer gobierno de su partido priorizaría esta infraestructura para garantizar la contratación de especialistas de la salud, con el objetivo de evitar que los adultos mayores padezcan largas esperas y madrugadas para conseguir citas médicas, evocando las construcciones del lnstituto Nacional de Salud del Niño y el Incor en gestiones apristas pasadas.
Otra de sus propuestas más controversiales enfocadas en la capital es la eliminación total de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Calla calificó a esta entidad como «inquisidora» y sostuvo que no ha cumplido con el objetivo de ordenar el transporte urbano, sino que se ha limitado a perseguir a los transportistas informales, imponer multas impagables e internar vehículos, lo que, a su juicio, priva a los ciudadanos de sus principales herramientas de trabajo y sustento familiar.
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En materia de seguridad ciudadana y administración de justicia, el candidato enfatizó que utilizará su facultad parlamentaria de fiscalización para denunciar a jueces y fiscales que liberen a delincuentes capturados por la Policía Nacional.
Ante la advertencia periodística de una posible vulneración al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, Calla reafirmó su intención de promover denuncias, incluso por el delito de prevaricato, contra los magistrados que, existiendo medios probatorios suficientes, omitan sentenciar a extorsionadores y violadores.
Finalmente, la entrevista abordó medidas de índole económica y de reforma institucional, donde Calla planteó la reducción del presupuesto del Congreso de 1750 millones a 700 millones de soles anuales, y respaldó la propuesta presidencial de su agrupación de elevar el sueldo mínimo a 1500 soles para dinamizar la economía.
Adicionalmente, sugirió establecer una pensión mínima digna de 1130 soles para los jubilados, la reorganización estructural del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la modernización de la Policía Nacional mediante la creación de nuevas unidades de inteligencia operativa enfocadas en combatir la extorsión.
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