El Ministerio Público presentó acusación contra el periodista Pedro Salinas por el presunto delito de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. La medida se sustenta en la supuesta prestación irregular de una asesoría al sector público.
Contra el comunicador, según el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), la Fiscalía solicita una pena de siete años en caso de acreditarse la colusión con los coacusados, de lo contrario, pide cuatro años y cinco meses de prisión si se le encuentra responsabilidad por negociación incompatible.
El control de la acusación estará a cargo del juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, de acuerdo a IPYS.
De acuerdo a lo señalado por Carlos Rivera, abogado de Salinas, a su defendido se le imputa la realización de una asesoría en comunicación ―a través de la empresa Chirinos & Salinas Asociados SAC― al fiscal Pablo Sánchez Verlarde por un monto de S/17 000. No obstante, Rivera aseguró al diario español El País que «la consultoría fue realizada en términos regulares y ejecutada con éxito».
Más implicados
En este caso también se acusa por los mismos delitos a Janet Rocío Talavera Tello y a Alejandro Arturo Silva Reina ―sobre el que recae una imputación adicional por el presunto delito de usurpación de funciones―.
Igualmente, se presentaron acusaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible y falsedad ideológica, contra Carlos Benny Vargas Hidalgo y a Jorge Luis Palomino Quesada.
El IPYS, en un comunicado publicado el último jueves 7, ha mostrado su preocupación por lo que «podría constituir una represalia contra la labor periodística de Salinas». El hombre de prensa «atribuye la acusación a maniobras del Sodalicio, uno de cuyos allegados presentó la denuncia inicial», recogió IPYS.
Pedro Salinas es coautor, junto con la también periodista Paola Ugaz, del libro Mitad Monjes Mitad Soldados. El texto revela los abusos cometidos por los miembros de la organización Sodalicio de Vida Cristiana.
Caso Sodalicio
El 24 de octubre, el Papa Francisco anunció la expulsión de Jaime Manuel Baertl Gómez, ex asistente de espiritualidad, y Juan Carlos Len Álvarez, ex asistente de temporalidades. En una carta publicada por el Vaticano, el sumo pontífice señaló lo siguiente como las razones principales de la medida:
La gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados, así como la responsabilidad personal de estos dos consagrados en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al (Sodalicio de Vida Cristiana).
Con esta decisión, se elevó a quince el número de miembros del Sodalicio expulsados por el Vaticano, entre los que se encuentra incluido el fundador Luis Fernando Figari Rodrigo.
Estas acciones fueron realizadas luego de la evaluación de la información recopilada por una «misión especial» enviada al Perú. En dicha comisión participaron el monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y el monseñor Jordi Bertomeu Farnós, oficial del Dicasterio.
