El Ministerio Público presentó acusación contra los efectivos policiales Juan Isaac León Mostacero, Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres por la presunta comisión del delito tortura y violación sexual, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en agravio de la ciudadana Azul Rojas Marín.
La fiscal Milagros Vera Mendoza solicitó una condena de 20 años y seis meses en contra de los imputados. La funcionaria pertenece a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
En detalle
El requerimiento fiscal corresponde a los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2008, cuando Rojas Marín fue detenida, sin motivo aparente, por agentes policiales «en función de ser una persona de la comunidad LGBTIQ+».
En ese sentido, «la insultaron y golpearon para, posteriormente, subirla a un vehículo policial y dirigirla a la Comisaría de Casa grande, en el departamento de La Libertad». De acuerdo a la Fiscalía:
En esta dependencia policial, los acusados la golpearon, insultaron y violaron; constituyéndose todas estas agresiones un acto de tortura en su agravio.
«El Ministerio Público viene desplegando esfuerzos diligentes para proteger y garantizar los derechos de las personas trans, a través de la prevención del delito y la investigación de los actos de violencia hacia este grupo vulnerable», sostuvo la fiscal Raquel Cárdenas, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad.
En noviembre del 2022, el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional a Azul Rojas Marín.
El evento se desarrolló en cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del 6 de abril de 2020, «que declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura».
