La candidata al Senado por el partido Ahora Nación, Mirtha Vásquez, sostuvo que una de las reformas urgentes para enfrentar el crimen organizado es revisar las reglas sobre allanamientos judiciales, ya que, según afirmó, las recientes modificaciones legales han debilitado el elemento de esta medida: la sorpresa. En entrevista con LP, la ex presidenta del Consejo de Ministros advirtió que exigir la presencia previa de un abogado antes de ejecutar el ingreso a un inmueble puede terminar favoreciendo a organizaciones criminales.
Reforma del allanamiento y lucha contra el crimen
Durante la conversación, Vásquez planteó que el actual contexto de inseguridad ciudadana exige respuestas rápidas del sistema de justicia. En ese sentido, sostuvo que la regulación vigente sobre allanamientos podría obstaculizar la obtención de pruebas en investigaciones contra bandas criminales.
De acuerdo con la candidata, el problema surge cuando la diligencia queda condicionada a la llegada del abogado de la persona investigada. En su opinión, esa exigencia rompe la lógica operativa del allanamiento, que busca actuar con rapidez para evitar la destrucción de evidencias.
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«El allanamiento tiene una característica que es el factor sorpresa. Entonces eso es lo que reclamamos de la norma», afirmó Vásquez, al explicar que esperar a la defensa legal del investigado puede permitir que se oculten o eliminen elementos probatorios antes de la intervención fiscal.
En la entrevista, también señaló que en la práctica se han registrado situaciones en las que fiscales deben esperar fuera de los inmuebles mientras se localiza al abogado del investigado, lo que, según su criterio:
Ahora están condicionando el allanamiento a que llegue el abogado. Entonces tú has visto fiscales sentados en la vereda esperando que el delincuente llame a su abogado y venga.
Críticas a cambios en el proceso penal
Otro punto que abordó Vásquez fue la modificación de normas procesales que, en su opinión, han debilitado la capacidad del Ministerio Público para dirigir investigaciones preliminares. La ex primera ministra cuestionó particularmente reformas legislativas como la Ley 32130, que alteró la dinámica entre la Policía y la Fiscalía durante las primeras etapas de investigación.
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Según explicó, trasladar parte de la conducción investigativa a la policía puede generar conflictos en casos donde la actuación policial sea cuestionada. Para la abogada, el modelo anterior ofrecía mayores garantías porque permitía una supervisión directa del Ministerio Público.
Vásquez sostuvo que esta modificación ha generado dificultades prácticas en situaciones como intervenciones policiales durante protestas, donde la fiscalía ya no actúa con la misma inmediatez. En su análisis, ello puede provocar que la policía «se vuelva juez y parte» en determinadas actuaciones.
Propuestas contra la inseguridad ciudadana
Más allá de la reforma procesal, la candidata afirmó que la lucha contra la inseguridad debe abordarse con una estrategia integral que incluya planificación institucional, inteligencia y lucha contra la corrupción dentro de las propias instituciones encargadas de la seguridad.
En ese marco, recordó que el país ya enfrentó amenazas graves en el pasado, como el terrorismo de Sendero Luminoso, y que la experiencia demostró que el uso de inteligencia fue determinante para neutralizar a sus líderes.
«La peor amenaza que hemos tenido en el país se derrotó con inteligencia. Así se logró capturar al máximo líder del terrorismo», señaló, al enfatizar que el enfoque debe replicarse frente al crimen organizado.
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