Este fin de semana, se ha cuestionado la permanencia de dos miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Rosa Amelia Vera Meléndez y Augusto Ruidíaz Farfán, después de que se revelaran sendos audios conversando con el juez supremo suspendido César Hinostroza Pariachi. En las conversaciones bogaban para que la magistrada María Luisa Apaza Panuera, logre su traslado del Santa a Lima.
Compartimos los pronunciamientos de ambos miembros del CEPJ, pero previamente les dejamos el organigrama del máximo órgano ejecutivo del Poder Judicial, en cuyas manos está recae la decisión de llevar adelante la reforma del ente judicial. El Consejo se reunió hoy, tras el llamado del presidente, para tomar las medidas al respecto.
COMUNICADO DE ROSA AMELIA VERA MELÉNDEZ
Ante la noticia propalada el día de hoy, en el diario la República y Ojo Público, bajo el título “Red ilícita llego hasta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para apoyar a la jueza del caso Sánchez Paredes”, en el que se hace referencia al procedimiento administrativo de la solicitud de traslado de la magistrada MARÍA LUISA APAZA PANUERA, debo manifestar lo siguiente:
– Que efectivamente, con fecha 06 de setiembre del 2016, la magistrada MARIA LUISA APAZA PANUERA, conjuntamente con su cónyuge ALFONSO REYNALDO FUENTES CALCINO, solicitan traslado, por razones de unidad familiar, desde la Corte Superior del Santa, a una plaza similar de la Corte de Justicia de Lima, amparando su pedido en el artículo 24 del Reglamento de traslado de jueces, aprobado por Resolución Administrativa 312-2010-CE-PJ, modificado por Resolución Administrativa 164-2014-CE-PJ, por la causal de acontecimiento imprevisible e inevitable, por la grave situación de salud que padece su cónyuge, adjuntando para ello, medios de prueba.
– El pedido con su sustentación, contó con un informe favorable recién en enero del año 2017, por parte del consejero Ramiro de Valdivia; sin embargo dicho procedimiento, aún no culmina a la fecha, ni se ha emitido resolución alguna.
– Se deja constancia que la magistrada antes mencionada, fue designada a la Sala Penal Nacional en el año 2013, cuando mi persona, ni siquiera había sido elegida representante de los juezas especializados y mixtos, menos conocía que tipo de causas, resuelve.
– En mi calidad de representante de los jueces, tengo que efectivamente representarlos, y siendo que la solicitud de la magistrada citada estaba debidamente sustentada, es que procedí a defender su pedido, ACLARANDO que en ningún momento se pretendió realizar algo irregular, por el contrario, era por un tema de unidad familiar, pues el pedido era para una plaza de la ciudad de Lima.
– RECHAZO categóricamente lo que se pretende dar entender respecto del caso que la magistrada pueda estar asumiendo, ese es un tema jurisdiccional a cargo de una Sala de tres jueces, que analizarán cada una de las pruebas al momento de resolver, y que en nada tiene que hacer el Consejo Ejecutivo, máxime si la designación en cada Sala, siempre ha sido a pedido por la Presidencia de la Sala Penal Nacional.
– PRECISO que la Suscrita desconoce la existencia de cualquier otro tipo de interés por parte de un JUEZ SUPREMO que hasta hace poco, era uno más de nosotros, a quien no le conocía ningún tipo de sospecha en su actuar.
RECONOZCO que ha sido un error el haber detallado pormenores que no correspondían a través de una conversación con un Juez Supremo, y pido las DISCULPAS PÚBLICAS del caso si con ello he ofendido a los magistrados mencionados y a la Magistratura Nacional.
Lima, 19 de agosto de 2018
DECLARACIÓN DEL JUEZ AUGUSTO RUIDÍAS FARFÁN
Con relación al audio propalado el día domingo 19 de agosto del 2018, respecto a una conversación del suscrito sostenida con el expresidente de la Sala Penal Transitoria Suprema, César Hinostroza, nota que la subtitulan “Red Ilícita penetró máximo órgano del Poder Judicial para favorecer a jueza del Caso Sánchez Paredes”, debo informar lo siguiente:
– Ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con fecha 06 de setiembre del año 2016 (HACE UN AÑO Y 11 MESES), la señora María Luisa Apaza Panuera, Jueza Superior Titular del Distrito Judicial del Santa, SOLICITÓ TRASLADO por Unidad Familiar y enfermedad grave de su cónyuge Alfonso Reynaldo Fuentes Calcino, desde la mencionada corte a Lima. Por tanto, no es una solicitud reciente sino de data antigua, lo que desvirtúa cualquier insinuación de rapidez en el tratamiento del pedido por parte del CEPJ o injerencia alguna por la llamada que hizo el mencionado juez al suscrito para darle un “trato preferencial”.
– La jueza Apaza Panuera integra la Sala Penal Nacional desde el año 2013; es decir, CON FECHA ANTERIOR al ejercicio de mi mandato como consejero, que data desde el año 2015 y, por tanto, no he participado en su destaque temporal del Santa a la referida sala. En consecuencia la insinuación que hace el Portal Ojo Público, de favorecimiento a la mencionada magistrada es evidentemente temeraria.
– Debo aclarar también que el traslado definitivo solicitado por la jueza, no es a la Sala Penal Nacional sino a una Sala de la Corte Superior de Lima, que son dos cosas Además, tal como he precisado anteriormente, el traslado se sustenta en una causal de unidad familiar, por enfermedad grave de su ahora cónyuge y no para favorecer o inmiscuirse en procesos judiciales, lo cual ha sido gravemente omitido por el medio de comunicación que propaló la nota.
– No existe ninguna relación en el trámite del traslado y la insinuación, sin sustento probatorio, para favorecer en el trámite judicial a un procesado en particular, investigado por delitos graves, como ha subtitulado en la nota periodística (Caso Sánchez Paredes), por la sencilla razón de que el CEPJ no distribuye los expedientes que ven los miembros de la Sala Penal Nacional ni señala tampoco los integrantes de cada colegiado, correspondiendo a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, proponerlo y monitorearlo administrativamente.
– El CEPJ es un órgano colegiado compuesto de 6 miembros, la dinámica de trabajo reglamentada para resolver los pedidos de traslado que hacen los magistrados del Perú, dispone que se sorteen los expedientes entre todos sus integrantes, emitiendo uno de ellos, un informe de aceptación o rechazo del desplazamiento, que luego es debatido y en razón a ello: aprobado o rechazado por el Pleno del Consejo.
– En este puntual caso, existen dos informes preliminares de aceptación del traslado, de fechas 20 de octubre del año 2016 y 23 de enero del 2017, emitidos ambos por el exconsejero y ponente, Ramiro de Valdivia Cano; SIN QUE HASTA LA FECHA ESTE CASO HAYA SIDO AGENDADO, DEBATIDO, VOTADO NI RESUELTO POR EL PLENO DEL CEPJ PARA EVALUAR EL PEDIDO DE TRASLADO, CONFORME A LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE SE ANEXA AL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO. El expediente administrativo nunca fue agendado, debatido, votado, resuelto, sino que como un control de admisibilidad, se derivó a la consejera Vera Meléndez, como ponente, para un informe ampliatorio, a fin de actualizar la información del estado grave de enfermedad del cónyuge. ENTONCES cualquier conversación telefónica sostenida de parte de una integrante del CEPJ con el juez Hinostroza, respecto a posiciones o puntos de vista de los miembros del Consejo, es evidentemente un exceso verbal que corresponde su aclaración por la mencionada consejera, pues en rigor, las posiciones de los consejeros están plasmadas en votos que luego integran la resolución definitiva, que NO ES EL CASO PORQUE NUEVAMENTE INSISTO, EL EXPEDIENTE NO HA SIDO NI DEBATIDO NI VOTADO.
– En ese sentido, como representante de los jueces superiores del Perú, una de cuyas funciones es ver traslados, recibo múltiples llamadas telefónicas de los jueces; razón por la cual, la realizada a mi persona por el magistrado César Hinostroza, como una más, resulta totalmente intrascendente, para implicar injerencia en nuestras funciones, por la simple y elemental razón de QUE NUNCA SE HA REALIZADO EL TRASLADO, NI DESDE EL INGRESO INICIAL DE LA SOLICITUD (AÑO 2016) NI A PARTIR DE LA LLAMADA DEL JUEZ SUPREMO AHORA SUSPENDIDO (AÑO 2018), lo cual más bien refleja, una total autonomía en nuestras funciones y el conocimiento exacto de que los traslados no son realizados en forma individual por los consejeros, en mérito a un informe, sino por el pleno del Consejo, previo debate y en razón a la existencia de una causal debidamente comprobada y prevista en el Reglamento de Traslados, sin perjuicio del control posterior que hace la propia administración.
– La conversación sólo denota un trato coloquial, sin asumir compromisos, sin solicitar prebendas u otros ofrecimientos, como es mi estilo, y escuchando a un magistrado supremo, que en ese momento tenía el cargo de Presidente de una Sala Suprema Penal; y la afirmación que hago respecto a la ciudad de Trujillo, se debe a que entre el 31 de enero al 02 de febrero del presente año, se realizó en Trujillo, la Primera Reunión Anual 2018, de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, a la que acudieron los presidentes de las cortes, los miembros del CEPJ, jueces Sspremos, entre otros, Hinostroza Pariachi, lo cual revela que no son actos concertados o planificados, sino presencias coincidentes en eventos oficiales que organiza el Poder Judicial.
– Consecuentemente, por un lado, no habiéndose producido ningún traslado de la jueza Apaza, que fue solicitado no este año, sino el 2016; y por otro, no habiéndose aceptado en los hechos, recomendación ni mediata ni inmediatamente de ninguna persona, y no habiendo favorecido tramitación o direccionamiento en procesos judiciales que se tramitan en la Sala Penal Nacional, debo rechazar cualquier cuestionamiento a mi conducta funcional.
– Finalmente, y aunque resulte abundante, debo dejar constancia de mi comportamiento incuestionable que he tenido en el Poder Judicial, al que accedí hace 25 años como técnico judicial, llegando a presidir la Corte Superior de Justicia de La Libertad, siendo reelegido por amplia mayoría, como representante de los Jueces Superiores del Perú; por lo que, frente a la crisis institucional que hoy afrontamos, reafirmo mi compromiso de coadyuvar, a la recuperación de la credibilidad seriamente afectada, que es en lo que estamos avocados.
Lima, 19 de agosto de 2018
