Sumario: I. Introducción, II. La construcción del «enemigo interno», III. La bajada de reyes de Tomás: la desactivación del Equipo Especial, IV. Conclusiones.
I. Introducción
En los últimos años, los fiscales del caso Lava Jato se han convertido en actores trascendentales en la actividad informativa nacional, concitando interés en la sociedad por su actuación como persecutores del delito, especialmente, al haber colisionando con la escena política nacional (Pérez, 2024). El caso Lava Jato es un ejemplo de esa irrupción, porque la élite política (Durand, 2018) se vio involucrada en investigaciones sobre pagos de millonarios sobornos o de financiamiento de sus campañas políticas con dinero ilícito de Odebrecht (Pérez, 2023). Así, los resultados logrados son históricos para nuestro país: la condena de tres expresidentes del Perú: Alejandro Toledo[1] (2001-2006), Ollanta Humala[2] (2011-2016) y Martín Vizcarra[3] (2018-2021); encontrándose pendiente el juzgamiento contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski[4] (2016-2018), entre otros procesos más.
De igual modo, el Equipo Especial del caso Lava Jato registra 62 sentencias por procesos de colaboración eficaz, 6 en terminaciones y conclusiones anticipadas y 7 condenatorias de megajuicios en el caso Lava Jato; asimismo, ha logrado que el Poder Judicial imponga la suma de S/ 4 653 802 430,4 por concepto de reparación civil.
A pesar de los resultados objetivos, en días pasados, el hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación anunció la desactivación del Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato, recitando los mismos argumentos que sostienen quienes buscan destruir la labor de los fiscales.
Sobre esa anunciada decisión compartiré algunos de los argumentos en defensa de los resultados caso Lava Jato, en uso del legítimo derecho a expresarse libremente (art. 2.4, Constitución).
II. La construcción del «enemigo interno»
El proceso de negociación de culpabilidad[5] de la empresa Odebrecht y sus exdirectivos constituyó en hito esencial en el caso Lava Jato; si bien fue sumamente exigente y complejo, solo logró concretarse tras dos años de negociaciones (2017-2018), que estuvieron marcadas por intensas presiones y cuestionamientos de una tribuna —expectante— de temerosos y ansiosos políticos y empresarios que esparcían narrativas descabelladas que pretendían afectar la credibilidad y la honorabilidad del equipo de fiscales a cargo de los casos Lava Jato. A decir de Canales[6] (2018), atacan “la credibilidad del fiscal y de toda su oficina”, en tanto esperan que la delación llegara a ellos.
A pesar de ello, la verdad se abría paso y evidenciaba cómo la empresa Odebrecht había corrompido a la élite política y económica peruana, como lo destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el Reporte de implementación del Perú a la Fase 2 (OECD, 2021):
El progreso es especialmente visible en los casos llevados a cabo por el Equipo Especial Lava Jato que ha resultado en la investigación y enjuiciamiento de muchos políticos y funcionarios peruanos a nivel niveles más altos.
Por lo tanto, los inspectores principales alientan al Perú a tomar medidas para mantener su reciente cumplimiento antecedentes en casos de corrupción interna. En particular, el Perú debe mantener los recursos y el apoyo necesarios para que el Equipo Especial Lava Jato continúe con sus investigaciones y procesamientos.
Sin embargo, la magnitud de las revelaciones y las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato convergieron, dando lugar a lo inimaginable, los adversarios políticos de antaño —y sus herederos— se unieron bajo un mismo propósito: tumbarse el caso Lava Jato y, de este modo, restituir el menoscabado privilegio de la impunidad para los políticos y grandes empresarios.
Al respecto, Costa (2025) advierte:
la corrupción más amenazada que nunca por un sistema de justicia cada vez más independiente y profesional, que a su vez es objeto de una campaña de demolición sin precedentes. El conflicto entre los sistemas político y de justicia define el presente y marcará el futuro.
En esa ruta, se desplegaron campañas sumamente agresivas y voraces de falsas narrativas sindicando favorecimientos indebidos a Odebrecht, o de selectividad indebida en las investigaciones.
Al inicio, el ataque provenía de la calle por parte de fanáticos asalariados agrupados en bandas conocidas en conjunto como La Pestilencia (Gorriti, 2023), quienes, portando carteles difamatorios, se plantaban en los exteriores de la fiscalía o de las viviendas de los fiscales, con el uso de megáfono proferían diversos insultos y arengas de contenido intimidatorio, difamatorio e incitando a la violencia.
A ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2021) dictó la Resolución 55/2021 del 25 de julio de 2021, en el trámite de la Medida Cautelar N° 576-21, en la que decidió otorgar medidas cautelares a favor de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez:
la Comisión observa que ha sido alegado que el propuesto beneficiario fue objeto de diversos eventos, por lo menos desde 2017, los cuales estarían relacionados con sus labores como fiscal en el marco de los casos que viene investigando (…) en noviembre de 2019 el grupo denominado “La Resistencia” habría realizado amedrentamientos en contra del propuesto beneficiario tras la participación del propuesto beneficiario en una audiencia judicial.
Con el avance de las investigaciones, medios de comunicación masivos, como periódicos y estaciones de televisión claramente identificados con los actores políticos y el sector empresarial investigado, se unieron a ese ataque a los fiscales del caso Lava Jato, en una dinámica que se ajusta a la descripción que Cabrera, F., Bianchi y J. Mairata, S. (2024), denominan: el Cartel de la Desinformación.
De las profundidades de esa miasma televisa, Jara (2025), en son de revancha o ajuste de cuentas, confiesa estas calumniosas campañas:
Es un mecanismo perverso y efectivo. En el Perú ha sido usado durante años pero nunca de manera sistemática como ocurre en la franja nocturna de Willax. La televisión que desinforma no describe hechos, agrede, castiga adversarios. Ataca al político incómodo, al fiscal tenaz, al periodista independiente y a cualquier funcionario o ciudadano que cruce los intereses del dueño, de los conductores, de los financistas o del cliente que ha pedido un “servicio”.
Asimismo, cuando las redes sociales capturaron la atención de la sociedad, las campañas difamatorias y calumniosas se gestaban y reproducían desde las denominadas granjas de troles[7], financiadas por minorías con poder económico y político que veían peligrar su estado de privilegio construido y sostenido durante los años de bonanza de la corrupción en el Perú.
De ese modo, la insistente narrativa de la posverdad logró instalar realidades paralelas y profundamente distorsionadas en el país, estigmatizando a los fiscales con las etiquetas de terroristas, traidores a la patria, corruptos, entre otras barbaridades que ponían de moda, dependiendo el momento en que se encontraban las investigaciones del caso Lava Jato.
Es particularmente relevante tomar en cuenta el reciente informe de la CIDH (2025b), en el que da cuenta de cómo, empleando tales narrativas, se ha precarizado la justicia en Guatemala:
método para difamar, estigmatizar y propagar discursos de odio en contra de personas defensoras [jueces, fiscales y procuradores], y emitir amenazas y ataques en su contra
No debe pasarse por alto que, en la lucha contra la corrupción los fiscales se enfrentan a los políticos y empresarios que medran en el fango de la corrupción tóxica (Klitgaard, 1990) y buscan la impunidad de sus actos. En esa contienda, nada resulta más funcional a los corruptos que, un juego de suma cero, donde se conceptualiza al contrincante como el enemigo que debe ser anulado y hasta aniquilado (Tirado, 2021).
En esa línea, la estrategia de anulación de los sectores investigados ha buscado estereotipar a los fiscales del caso Lava Jato como los enemigos responsables de las desventuras y desgracias que aquejan a la sociedad peruana. Parafraseando a Villanueva (2023), los fiscales que actúan con independencia y autonomía corren el riesgo de ser “satanizados”.
Una estrategia de anulación se materializó en 2018, cuando se hicieron públicas las conversaciones, vía Telegram, del denominado del Chat de la Botica[8], donde figuras con elevado poder político y exposición pública (entre ellas, los principales investigados) concertaban acciones y voluntades dirigidas a afectar al fiscal en plena investigación del caso Lava Jato:
Y con el doc en la mano dar entrevistas y joderlo… deslegitimarlo… evidenciar q actua x odio y sin propósito real de investigar…
Si eso es cierto es una brillante oportunidad, por favor Ursula cuando tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez
Congresistas. Me dicen q Jose Domingo Perez esta de viaje en Mejico… no se supone q detiene para investigar etc??? Entonces para q detuvo??? Asi trabaja el fiscal… encracela y se va de vacas…
Podríamos conseguir el récord migratorio? Con eso lo matamos
Es así como la declaración de Jara (2025) emerge con nitidez al develar que la estrategia del enemigo interno se empleó para atacar a los fiscales del caso Lava Jato:
es la fabricación del adversario. Ningún programa de desinformación sobrevive sin un villano. Lo necesitan como el adicto necesita su dosis. Lo esencial es mostrar uno o varios rostros para convertirlos en responsables de todo lo que indigna, preocupa o irrita a la audiencia. A veces el villano es real y cuando no hay uno a mano, se exagera o se inventa
En suma, el relato del enemigo interno es una construcción política diseñada para destruir a los fiscales del Lava Jato, colocándolos en un escenario de vulnerabilidad y de culpabilidad artificiosamente construida, del que pocos resultan ilesos; en buena cuenta, como señala WHOLA (2020): «un verdadero peligro y obstáculo para los operadores de justicia, el resurgimiento del concepto del “enemigo interno”».
III. La bajada de reyes de Tomás: la desactivación del Equipo Especial
A estas alturas, es innegable que los insultos de La Pestilencia, las calumnias de Willax y las arremetidas de la clase política y empresarial fueron ataques estructurados y sistemáticos que coincidían en tiempos y constituían mecanismos para neutralizar a los fiscales que averiguaban la verdad de los hechos de gran corrupción en el país y de cómo se financiaron las campañas políticas (Pérez, 2025).
Dicho ello, en un escenario de cooptación institucional (Ojo Público, 2025), el desenlace estaba anunciado: Tomás Gálvez, el actual hombre fuerte interino de la Fiscalía de la Nación fanatizado por la infame narrativa, proscribe a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, declarándolos hijos pródigos del status quo: Los enemigos internos del país.
Así, el 19 de diciembre de 2025 en una conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio Público, el hombre fuerte interino respondió a las preguntas de la prensa con una retórica cargada de intimidación:
¿Qué miedo le voy a tener yo a Vela y a José Domingo? Yo los he denunciado en todo momento. (RPP, 2025a)
En otro momento de la conferencia, sentenció que el trabajo de años ha sido un fracaso, sin caer en la cuenta de que días antes había promovido (ascendido) a uno de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato al cargo inmediato superior[9]:
Ellos se han apoderado de las investigaciones y su fracaso ha sido evidente. (RPP, 2025a)
El 26 de diciembre de 2024, en una entrevista en su medio recurrente Willax Tv, Gálvez señaló que la disolución del Equipo Especial Lava Jato sería el 6 de enero de 2025:
La resolución, como estos se han considerado reyes [en clara alusión a Vela y Pérez], vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes. (RPP, 2025b)
En buena cuenta, hoy por hoy, la más alta autoridad de los fiscales en el Perú, el hombre fuerte del Ministerio Público ostenta su poder y cual emperador alardea de cómo el Equipo Especial del caso Lava Jato depende de su voluntad, arrogándose la prerrogativa de decidir si merece caer o sobrevivir; envolviendo el pregón con expresiones de hostilidad y revancha contra los fiscales del caso Lava Jato.
Ante ello, aunque pareciera que yacen en un confín de la realidad, las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales (1990) que establecen:
los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.
Como colofón de todo vivido, nos alistamos para presenciar, en una oportunamente sugestiva convergencia de tiempos y voluntades, la desactivación del grupo humano de trabajo y una nueva propuesta (de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público[10]) para suspender a los fiscales Rafael Vela (7 meses) y José Domingo Pérez (4 meses) por informar a la prensa sobre la extradición de Alejandro Toledo en el año 2023[11].
A fin de cuentas, Gálvez sabía que era hora sellar la bitácora de Lava Jato, cuando en la conferencia de prensa del 19 de diciembre, se jactaba como el cazador de sus presas, con la siguiente frase:
las palomas no matan a las escopetas. (RPP, 2025a)
IV. Conclusiones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020) señala en una Resolución del 2 de septiembre de 2020, en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Ruiz Fuentes y otra vs. Guatemala, la situación de riesgo que enfrentan los fiscales en su labor por actos de intimidación, desprestigio, acoso selectivo e incitación al odio.
Sin lugar a duda, la situación de riesgo de crear, personalizar y atacar estructuradamente al enemigo interno que en un inicio tuvo como justicieros a los vándalos de La Pestilencia, en estos tiempos rancios, se ha materializado en manos del hombre fuerte interino de la institución.
Finalmente, y en un probable hasta pronto, vale la oportunidad para traer a colación a Duno-Gottberg (2025):
Ahí radica la paradoja final del “hombre fuerte”: promete grandeza, pero entrega pequeñez; promete dominio, pero revela dependencia; promete fuerza, pero solo expone la fragilidad de quien no puede dejar de ajustar cuentas. Esa es, tal vez, su condena más profunda: no ser simplemente cruel o corrupto, sino, en el fondo, trágicamente débil.
V. Referencias
- Canales, E. (2018). ¿Cómo nos arreglamos? Testimonio del primer fiscal anticorrupción de México. Penguin Random House Grupo Editorial. México.
- Cabrera, F., Bianchi, J. Mairata, S. (2024). El cártel de la desinformación de la derecha peruana. El Foco. [en línea] Disponible aquí.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH (2025a). Tercer informe Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. [en línea] Disponible aquí.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH (2025b). Situación de derechos humanos en Guatemala. [en línea] Disponible aquí.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH (2021). Resolución 55/2021, Medida cautelar No. 576-21. [en línea] Disponible aquí.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020). Resolución de la Corte IDH. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de cumplimiento de Sentencia caso Ruiz Fuentes y otra vs. Guatemala. [en línea] Disponible aquí.
- Costa, G. (2025). Corrupción y Justicia. Dos rostros del Perú contemporáneo. Instituto de Estudios Peruanos. [en línea] Disponible aquí.
- Duno-Gottberg, L. (2025). El hombre fuerte del resentimiento. Ethic. [en línea] Disponible aquí.
- Durand, F. (2018). Odebrecht. La empresa que captura gobiernos. Pontificia Universidad Católica del Perú. [en línea] Disponible aquí.
- Gorriti, G. (2023). “La Pestilencia” escala la violencia de ataques contra IDL-Reporteros. IDL – Reporteros. [en línea] Disponible en aquí.
- Jara, U. (2025). Prensa Basura. Un negocio disfrazado de periodismo. U Editor
- Klitgaard, R. (1990). Controlando la Corrupción. Fundación Hanns Seidel. Editorial Quipus. La Paz.
- Naciones Unidas (1990). Directrices sobre la función de los fiscales. [en línea] Disponible aquí.
- OECD (2021). Implementing the OECD Anti-Bribery Convention. Phase 2 Report: Peru. [en línea] Disponible aquí.
- Ojo Público (2025). Juanita Goebertus: «Hay una complicidad directa del Congreso con el crimen organizado». [en línea] Disponible aquí.
- Pérez, J. (2025). El mito “Odebrecht y el acuerdo bajo llave”, Actualidad Penal (128), 23-37
- Pérez, J. (2024). El deber de objetividad fiscal. A propósito de la STC 04382-2023-PA/TC Lima, Actualidad Penal (123), 17-25.
- Pérez, J. (2023). La Colaboración Eficaz de Odebrecht en el Perú. Actualidad Penal (104), 135 – 144.
- RPP (2025a). Tomás Gálvez ante reclamos de Rafael Vela y José Domingo Pérez: «Su fracaso ha sido evidente». [en línea] Disponible aquí.
- RPP (2025b). Tomás Gálvez: Disolución de equipos especiales de la Fiscalía será «en Bajada de Reyes», porque «se han considerado reyes». [en línea] Disponible aquí.
- Tirado, A. (2021). El Law Fare. Golpes de Estado a nombre de la ley. Ediciones Akal, S. A.
- Villanueva, D. (2023). “El “hoy” y el “futuro” del Derecho Penal: democracia aparente y distopías”, Gaceta Penal & Procesal Penal, Gaceta Jurídica, 251-266.
- WHOLA (2020). Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas. Criminalización, ataques mediáticos y discursos de odio. Una reacción de las redes ilícitas. [en línea] Disponible en aquí.
Sobre el autor: José Domingo Pérez Gómez, Fiscal del Equipo Especial Lava Jato
[1] Sentencia del 31 de octubre de 2024, Expediente 0016-2017-214
[2] Sentencia del 29 de abril de 2025, Expediente 00249-2015-78
[3] Sentencia del 26 de noviembre de 2025, Expediente 0033-2020-32
[4] Auto de Enjuiciamiento del 1 de septiembre del 2025, Expediente 0019-2017-84
[5] El artículo 37 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) obliga a los Estados a que legislen medidas que promuevan acuerdos de culpabilidad para que las personas que han cometidos delitos de corrupción cooperen con las autoridades, a cambio de beneficios premiales.
[6] Primer fiscal anticorrupción en México (2016-2018)
[7] La CIDH (2025a) identifica un mayor uso de las redes sociales y del ámbito digital para proferir amenazas, y campañas coordinadas de desprestigio y descrédito en contra de personas defensoras de derechos humanos, a través de “turbas digitales” o “granjas de trolls”.
[8] Expediente Judicial 0299-2017-0-5001-JR-PE-01
[9] Con Resolución de la Fiscalía de la Nación 3680-2025-MP-FN del 5 de diciembre de 2025, se nombra a Germán Juárez en el cargo de fiscal superior
[10] Informe Final de Instrucción 35-2025-ANC-MP-DGPAD-DPD del 15 de diciembre de 2025, en el Expediente de Control Funcional N°221-2023.
[11] El 23 de abril de 2023 Alejandro Toledo arribó a Lima (Perú) procedente de los Estados Unidos.
