La candidata a la Cámara de Diputados por Lima con el número dos del partido Ahora Nación, Indira Huilca Flores, visitó el set de LP para participar en el programa Tribuna Electoral. Durante la entrevista, la exparlamentaria abordó sus principales propuestas legislativas de cara a los próximos comicios, centrándose en reformas al sistema de justicia, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática, temas de especial interés para la comunidad jurídica.
Sobre su retorno a la contienda electoral, Huilca señaló que su decisión responde a la necesidad de hacer frente al «uso arbitrario del poder parlamentario» que, a su juicio, ejerce el actual bloque mayoritario en el Congreso. En ese sentido, explicó que optó por integrar Ahora Nación al considerarlo un frente democrático amplio que agrupa a diversos sectores sociales, como la Federación de Construcción Civil y líderes ambientales, para enfrentar lo que denominó un «pacto mafioso».
Aplicación del polígrafo al personal del INPE
En el ámbito de la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario, la candidata defendió una de las propuestas más debatidas de su agrupación: la aplicación de la prueba del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Precisó que no se trata de una prueba irrefutable ni de un peritaje legal, sino de un acto complementario en las investigaciones administrativas para frenar la corrupción y la complicidad de malos funcionarios con bandas criminales, iniciativa que cuenta con el respaldo del equipo técnico liderado por el coronel Harvey Colchado. Asimismo, planteó la reubicación técnica de cinco penales actualmente colapsados y situados en zonas urbanas densamente pobladas, como el de San Juan de Lurigancho.
Respecto a la reforma de la Policía Nacional, Huilca propuso elevar los estándares de ingreso a las escuelas de suboficiales, equiparándolos al nivel de rigurosidad de los exámenes de admisión de universidades públicas como la UNI o la UNMSM a fin de evitar que el ingreso sea visto como una inversión recuperable mediante actos ilícitos. Además, destacó la urgencia de profesionalizar a los efectivos en áreas de investigación criminal y de violencia contra la mujer, advirtiendo que en muchas comisarías aún operan bajo lógicas normativas desfasadas previas a la Ley 30364.
Reestructuración del sistema disciplinario de la PNP
Un pilar fundamental de su propuesta policial recae en la reestructuración del sistema disciplinario. La candidata subrayó que la Inspectoría de la PNP tiene un funcionamiento desfasado que favorece la prescripción de los casos. Para contrarrestar el «espíritu de cuerpo», propuso que las comisiones sancionadoras ya no estén integradas exclusivamente por policías, sino que se incorporen de forma inmediata expertos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y, a mediano plazo, se transite hacia un modelo de evaluación mediante concurso público independiente.
En materia de justicia supranacional y constitucional, Huilca fue enfática al sostener que el Estado peruano tiene la obligación de cumplir al 100% las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), incluso si estas colisionan con fallos del fuero interno. Argumentó esta posición criticando duramente al actual Tribunal Constitucional, al cual calificó como un espacio politizado y al servicio de las bancadas del Congreso, acusándolo de validar leyes sin filtros jurídicos adecuados.
Vinculado a ello, propuso modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional para restar poder absoluto al Congreso. Aunque indicó que los mecanismos exactos (concurso público o elección abierta) deben evaluarse, recalcó que el modelo actual permite que la designación responda a la «lógica de la repartija». Adicionalmente, respaldó la idea de que los abogados que postulen a altos cargos públicos transparenten su lista de clientes en sus declaraciones juradas para evitar conflictos de intereses.
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Derogación de las denominadas «leyes procrimen»
En el ámbito penal y procesal penal, Huilca anunció que su bancada impulsaría la derogación de un paquete de normas aprobadas por el actual parlamento, a las que calificó de «leyes procrimen». Cuestionó las modificaciones a la figura de la colaboración eficaz, las restricciones para ejecutar allanamientos sin defensa pública y la denominada «Ley Soto», argumentando que fueron legisladas sin sustento técnico y con el propósito de beneficiar políticamente a legisladores investigados por organización criminal y evitar que la justicia los alcance.
Por otro lado, la excongresista reafirmó su postura en defensa de los derechos de las mujeres, rechazando los intentos parlamentarios de fusionar o desaparecer el Ministerio de la Mujer. Declaró su posición a favor del aborto libre, seguro y gratuito, argumentando que la maternidad no puede ser impuesta. Hizo especial énfasis en la urgencia de garantizar el cumplimiento del protocolo de aborto terapéutico para salvaguardar a los miles de niñas menores de 14 años que anualmente son obligadas a gestar producto de violaciones sexuales.
Finalmente, en materia laboral y económica, Huilca propuso despolitizar el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Sugirió la creación de una comisión técnica especializada en el Ministerio de Trabajo que determine los incrementos anuales basándose estrictamente en la inflación y el costo de vida, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al cierre de la entrevista, aclaró que los S/14 799 declarados en su hoja de vida corresponden a sus ingresos anuales generados íntegramente en el sector privado a través de consultorías como socióloga independiente.
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