La Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresó su posición frente a diversas actuaciones relacionadas con el sistema de justicia en el Perú. El pronunciamiento fue emitido tras su reunión realizada en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, entre el 7 y el 10 de abril de 2026, en la que abordaron la situación de la independencia judicial en el país.
En el documento, la Asamblea manifestó su «profunda preocupación y rechazo» por la negativa de las autoridades peruanas a cumplir sentencias con calidad de cosa juzgada constitucional. En ese contexto, se menciona el proceso constitucional de cumplimiento 6582-2009, señalando que, luego de más de una década en ejecución, el Tribunal Constitucional dispuso que la pretensión sea tramitada en la vía contencioso administrativa y no en la vía constitucional.
Cuestionamientos a declaraciones de autoridades
El pronunciamiento también se refiere a declaraciones públicas realizadas por representantes de la mayoría parlamentaria del Congreso. En ese punto, la Asamblea «deplora y rechaza enérgicamente» expresiones que, según indica, constituyen actos de intimidación y amenaza contra jueces penales y constitucionales en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Asimismo, se menciona que se ha llegado a señalar que «hay que barrer el Poder Judicial», lo que, según el documento, afecta el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución. Estas afirmaciones son presentadas como parte de un contexto de presión hacia los magistrados que aplican control difuso.
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Investigaciones y actuaciones disciplinarias
La FLAM también expresó su «profunda preocupación y rechazo» frente a acciones que involucran la apertura de investigaciones y procedimientos disciplinarios contra jueces. El documento señala que estas acciones han sido promovidas por representantes de la mayoría parlamentaria, en coordinación con miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
En ese marco, se menciona que se iniciaron investigaciones preliminares contra los jueces John Paredes Salas, Rocío del Pilar Rabines Briceño, Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. Asimismo, se refiere el caso del juez Juan Fidel Torres Tasso, quien fue suspendido por seis meses tras dictar una medida cautelar en un proceso de amparo .
Procesos de ratificación y decisiones de la Junta Nacional de Justicia
El pronunciamiento reitera el rechazo a los procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales en el Perú. En ese punto, se señala que estas prácticas han sido cuestionadas previamente y que no se habría dado cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cuya Lavy y otros vs. Perú.
Además, se indica que la Junta Nacional de Justicia no ha ratificado a fiscales como Pablo Sánchez Velarde y José Domingo Pérez Gómez, en un contexto en el que, según el documento, existen cuestionamientos provenientes de la mayoría parlamentaria del Congreso.
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Referencias a organismos internacionales
La Asamblea también hace referencia a comunicaciones emitidas por relatorías especiales de Naciones Unidas. En ese sentido, se menciona una carta de fecha 16 de enero de 2026, en la que se expresa preocupación por la investigación disciplinaria iniciada contra el juez Oswaldo Ordóñez, en relación con declaraciones realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el documento, dichas relatorías consideran que la investigación «parece ser una represalia directa» por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Asimismo, se indica que esta situación podría contravenir el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
Exhortación y llamado internacional
Finalmente, la FLAM exhortó a la Junta Nacional de Justicia a respetar el derecho de asociación y la libertad de expresión de los jueces, así como el debido proceso en sede administrativa. También solicitó el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de evaluación y ratificación de magistrados.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la comunidad internacional, en particular al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a las relatorías especiales de Naciones Unidas, para que se mantengan atentos a la situación de los operadores de justicia en el Perú. La Asamblea señala la necesidad de adoptar medidas que garanticen la protección de su integridad y su independencia.
