El fiscal Jorge Chávez Cotrina planteó la creación de una comisión especial para revisar las leyes denominadas «procrimen» aprobadas por el Congreso. Consideró que varias de estas normas requieren ajustes puntuales para no debilitar la lucha contra la criminalidad organizada.
Según informó La República, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público sostuvo que algunas de estas disposiciones ya han sido modificadas, mientras que otras aún pueden corregirse, por lo que resulta necesario analizarlas de manera individual a través de un grupo de trabajo técnico.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la Ley 32108, promulgada en agosto de 2024, que modificó la definición de organización criminal. La norma elevó de cuatro a seis años la pena mínima para que un delito sea considerado dentro del marco del crimen organizado, lo que, según explicó, dejó fuera a varios delitos graves. Además, introdujo cambios en los procedimientos de allanamiento.
Chávez Cotrina recordó que, tras las protestas ciudadanas registradas en agosto que incluyeron movilizaciones de propietarios, empresarios y transportistas, el Congreso retrocedió y aprobó la Ley 32138, que corrigió parte de los cuestionamientos. Esta modificación, señaló, incorporó criterios que ya venía exigiendo la Corte Suprema, como la necesidad de acreditar una estructura compleja y mayor capacidad operativa para configurar una organización criminal.
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No obstante, el fiscal advirtió que la nueva redacción fijó la pena mínima en cinco años, cuando anteriormente era de cuatro. En ese sentido, planteó que podría evaluarse un nuevo ajuste para retornar al umbral previo y alinearlo con la Convención de Palermo, que considera delito grave aquel cuya pena mínima supera los cuatro años.
El coordinador explicó que, al elevar el estándar, se excluyeron cerca de 35 tipos penales del ámbito del crimen organizado, entre ellos el tráfico de influencias. En el caso de la minería ilegal, indicó que inicialmente también quedó fuera; sin embargo, una norma reciente elevó su pena mínima de cuatro a cinco años, reincorporándola al marco del crimen organizado.
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«En minería ilegal siempre hay crimen organizado detrás», remarcó el fiscal, al señalar que esta última modificación resulta positiva porque permite perseguir estas conductas bajo un enfoque más amplio.
Chávez Cotrina insistió en que la revisión de estas leyes debe realizarse con criterio técnico y de manera integral, a fin de fortalecer la persecución penal sin generar vacíos que puedan ser aprovechados por organizaciones criminales.
