Examen JNJ: Veinte preguntas sobre derecho constitucional. ¿Puedes resolverlas?

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Para todos aquellos que se están preparando para rendir su examen del concurso para aspirantes a jueces y fiscales les dejamos aquí estas preguntas sobre derecho constitucional. En este caso les compartimos 20 preguntas sobre derecho constitucional que fueron parte de los exámenes de la Junta Nacional de Justicia en 2022. ¿Te animas a resolver las preguntas?

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Preguntas sobre derecho constitucional

1. En relación a la restricción del control judicial de constitucionalidad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta:

a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, posteriormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constitucionalidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos.

b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del control de constitucionalidad de la misma.

c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último advierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional.

d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley —previamente declarada válida por el TC— producto de la modificación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

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2. El artículo 118 de la Constitución Política del Perú, establece taxativamente las atribuciones del Presidente de la República. Señale cuál de las siguientes alternativas no contiene una de dichas atribuciones

a. Dirigir la política general del Gobierno.

b. Administrar la hacienda pública.

c. Regular las tarifas arancelarias.

d. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

3. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autónomos:

a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia.

b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva.

c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

4. El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (STC 1417-2005-AA/TC), ha señalado que las distintas eficacias de las disposiciones constitucionales, da a lugar a que estas puedan ser divididas entre:

a. Normas jurídicas sustantivas y nomas jurídicas procesales.

b. Normas regla y normas principio.

c. Normas constitucionales y normas legales.

d. Normas jurídicas y normas constitucionales.

5. Señale la alternativa correcta respecto al proceso de cumplimiento según el TC:

a. Mediante el proceso de cumplimiento solo se puede controlar la inactividad material de la administración.

b. El objeto esencial del proceso de cumplimiento es proteger el derecho constitucional de legalidad de las normas y actos administrativos emitidos.

c. Para declararse procedente la demanda de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato (contenido en la norma legal, la ejecución del acto administrativo o la orden de emisión de una resolución) debe ser vigente, cierto y claro.

d. A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, se prevé, respecto al requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, que la carta notarial constituye el único documento por el cual el demandante debe reclamar el cumplimiento de un deber legal o administrativo.

6. En el Expediente 02132-2008-PA/TC-ICA (Caso: Rosa Felicita Elizabeth Martínez García), el Tribunal Constitucional ha señalado respecto al control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales, lo siguiente:

«17. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (artículo 138° de la Norma Fundamental). El control difuso es, entonces, un poder-deber del juez consustancial a la Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho directamente aplicable.» 

En este marco, señale la alternativa correcta respecto a los criterios que deben seguirse para proceder al control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales:

a. El juez sólo podrá declarar la invalidez de una ley cuando esta se encuentre directamente relacionada con la solución del caso, término este último que debe entenderse como circunscrito únicamente a la pretensión principal.

b. Debe acreditarse que la aplicación de la ley objeto de control judicial difuso ha causado o puede causar un agravio directo, no solo al caso concreto, sino también a los procesos judiciales similares en los que se aplique la misma norma.

c. El juez debe verificar si en el acto o norma infralegal cuestionados en el proceso judicial se ha aplicado la norma legal que se acusa de inconstitucional.

d. El ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes no puede realizarse respecto de leyes o normas con rango de ley cuya validez haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control concreto de constitucionalidad.

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7. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el TC, se colige que en el proceso de cumplimiento:

a. El acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante manifestación en el nivel de su eficacia.

b. La determinación del mandato contenido en la norma legal, cuyo cumplimiento se pretende, se obtiene a partir de la interpretación teleológica de la misma.

c. El acatamiento de la norma legal o acto administrativo es una facultad discrecional del funcionario o autoridad pública.

d. El carácter sumario y complejo que reviste este tipo de proceso, implica que el juzgador efectúe un análisis profundo de las normas o actos administrativos cuyo cumplimiento se solicita.

8. Conforme a la Constitución Política del Estado, marque la respuesta incorrecta:

a. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

b. El Estado es uno e indivisible.

c. El gobierno del Perú es unitario, representativo y desconcentrado y se organiza según el principio de la separación de poderes.

d. El poder del Estado emana del pueblo.

9. En el Expediente 00709-2007-PC/TC-LIMA (Caso: Consuelo E. Espinoza Barba de Yong), en el cual se aborda un proceso de cumplimiento, se señala lo siguiente:

«1. Conforme al artículo 200°, inciso 6) de la Constitución Política, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad que se ordene a cualquier autoridad o funcionario renuente al acatamiento de una norma legal o de un acto administrativo. Dicha finalidad del proceso de cumplimiento también ha sido reconocida por el artículo 1.° del Código Procesal Constitucional. El artículo referido señala que el proceso de cumplimiento -como todo proceso constitucional- tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales, disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.»

10. Señale la alternativa correcta respecto al proceso de cumplimiento según el TC:

a. Mediante el proceso de cumplimiento solo se puede controlar la inactividad material de la administración.

b. El objeto esencial del proceso de cumplimiento es proteger el derecho constitucional de legalidad de las normas y actos administrativos emitidos.

c. Para declararse procedente la demanda de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato (contenido en la norma legal, la ejecución del acto administrativo o la orden de emisión de una resolución) debe ser vigente, cierto y claro.

d. A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, se prevé, respecto al requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, que la carta notarial constituye el único documento por el cual el demandante debe reclamar el cumplimiento de un deber legal o administrativo.

11. En relación a lo establecido por la Constitución Política del Perú, respecto a la función pública, marque la respuesta incorrecta:

a. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

b. Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia firme y definitiva, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

c. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos.

d. No están comprendidos la carrera administrativa los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.

12. De acuerdo a lo establecido en el marco constitucional peruano, el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las que se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante:

a. Decretos Leyes.

b. Decretos de Urgencia.

c. Decretos Legislativos.

d. Durante dicha etapa el Poder Ejecutivo no puede legislar.

13. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere:

a. Guardar en todo momento conducta intachable

b. Ser mayor de cuarenta y cinco años.

c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 20 años.

d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

14. En cuanto a la reforma de la Constitución Política de 1993, es uno de sus requisitos formales explícitos:

a. La reforma solo puede ser realizada por una Comisión Permanente ad hoc y por mayoría de sus integrantes.

b. Contar con un quórum superior a los dos tercios de los votos del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas.

c. La convocatoria a referéndum es un requisito obligatorio para poder realizar cualquier reforma constitucional.

d. Contar con la aprobación del Presidente de la República ante el Pleno del Congreso.

15. De acuerdo al Tribunal Constitucional los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.

a. Principio de razonabilidad.

b. Principio de tipicidad.

c. Principio de causalidad.

d. Principio de licitud.

16. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno (art. 181° Constitución Política de 1993). Conforme a la interpretación del TC es correcto afirmar:

a. Una interpretación literal del referido artículo no es constitucional.

b. Las resoluciones del JNE así afecten derechos no pueden ser sometidas a un filtro de constitucionalidad.

c. Las demandas de amparo interpuestas contra el JNE deberán ser declaradas improcedentes in limine.

d. Las resoluciones del JNE no son revisables en sede constitucional y no cabe ninguna interpretación o argumento en contrario.

17. De acuerdo al artículo 39-A de la Constitución Política del Estado, están impedidos de ejercer la función pública:

a. Todas las personas que tengan investigación preparatoria abierta por delito contra la Administración Publica.

b. Todas las personas con sentencia condenatoria en primera instancia.

c. Solo aquellas personas con sentencia condenatoria en primera instancia, no pueden ejercer cargos de confianza.

d. Las personas contra las cuales se ha dictado mandato de prisión preventiva.

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18. «Al respecto, este Tribunal Constitucional considera necesario expresar que la opción de rechazar la demanda en virtud de la ausencia de firmeza de las resoluciones cuestionadas a la fecha de interposición de la demanda, es una respuesta constitucional, legal y válida en términos procesales, siempre que al momento de adoptar dicha decisión, la respuesta al recurso impugnatorio aún se encuentre pendiente; sin embargo, dicha opción frente al cambio de condición de la resolución impugnada de pendiente a definitiva —durante el trámite de un proceso constitucional—, deja de responder a un criterio constitucional y pasa a ser solo una respuesta legal que no observa los fines esenciales de los procesos constitucionales y privilegia las formas procesales por encima de la tutela procesal que merece el derecho a la libertad individual y sus derechos conexos invocados, lo cual a todas luces evidenciaría una respuesta contraria al ………….. cuya máxima expresión se desarrolla a través del hábeas corpus.» F. j. 23 STC Exp. O4780-2017-HC/TC y 00502-2018-HC/TC (Acumulado).

¿Cuál de las opciones corresponde al espacio punteado?

a. Principio de igualdad procesal

b. Principio de autonomía procesal

c. Principio de informalidad procesal

d. Principio de formalidad procesal

10. Conforme a la Constitución Política del Estado, son atribuciones de la Junta Nacional de Justicia: (marque la respuesta incorrecta)

a. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros

b. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público

c. Aplicar la sanción de destitución, amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario, a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, así como a los jueces y fiscales de todas las instancias, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad

d. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales

20. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben aplicar:

a. La norma constitucional.

b. La norma legal.

c. La que sea más favorable al reo.

d. La más pertinente al caso concreto.


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