Mediante un comunicado, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó las amenazas de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que intentó amedrentar al Decano y directivos del CAL tras una reunión con la CIDH en la que se cuestionaron diversas normas y proyectos legislativos. El CAL defendió la legalidad de la reunión, subrayando que la misma respetó las atribuciones estatutarias del Decano, y denunció que las acusaciones vulneran derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Además, lamentaron que la presidenta Dina Boluarte, agremiada del CAL, apoye acciones que buscan silenciar a los abogados en el ejercicio de su derecho constitucional.
GOBIERNO AMENAZA AL DECANO Y DIRECTIVOS DEL CAL POR REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CIDH
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, a través de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha intentado amordazar y amedrentar a miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) tras sostener una reunión virtual con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de diciembre de 2024. Durante dicha reunión, se cuestionó la aprobación de normas inconstitucionales no observadas por el Poder Ejecutivo.
En dicha reunión, el decano y directivos rechazaron las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado (Ley N.° 32108, modificada por la Ley N.° 32138), que redefinen el concepto de organización criminal y benefician a procesados en casos emblemáticos como el Caso Orellana, Cuellos Blancos, entre otros. Asimismo, expresaron su preocupación por proyectos legislativos que buscan retirar al Perú de la CIDH, la normativa que compromete la autonomía del Ministerio Público al permitir allanamientos sin autorización judicial o fiscal, y propuestas para tratar a adolescentes como adultos en el sistema penal, también cuestionada por UNICEF. Finalmente, se cuestionó las declaraciones del titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, por minimizar violaciones a menores y adoptar posturas contrarias a los derechos humanos.
En respuesta, el Decano del CAL y los directivos denunciados ante el Consejo de Ética rechazan las imputaciones formuladas por la Dirección General de Derechos Humanos, la cual presentó una demanda infundada al alegar que la reunión no contaba con autorización de la Asamblea General. Esta postura desconoce las normas internas del CAL y su Estatuto, cuyo artículo 25 establece claramente que: «El Decano personifica al CAL, lo representa y responde de la marcha institucional (…) Suscribe los comunicados (…)».
Resulta alarmante que dicha Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vulnere principios fundamentales de la Constitución, tales como la libertad de expresión, el derecho a la difusión del pensamiento y las atribuciones constitucionales, legales y estatutarias de los colegios profesionales. Este acto de maltrato no solo afecta a los directivos, sino que es una ofensa al colectivo de los abogados independientemente de sus opiniones, afectando los derechos constitucionales antes descritos.
En ese contexto, la Junta Directiva del CAL reafirma su respaldo a los acuerdos y decisiones adoptados por el Decano y sus directivos. Asimismo, lamentamos que la Presidenta Dina Boluarte, abogada, agremiada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país, como indica el numeral g) del artículo 3 del Estatuto del CAL: «defender en todos los niveles los Principios Democráticos». En ese sentido, la Junta Directiva rechaza categóricamente la demanda interpuesta por la Dirección General de Derechos Humanos del MINJUS, que busca silenciar a un sector que legítimamente cuestiona el deficiente accionar del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo en perjuicio de la sociedad civil.
