El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha emitido un comunicado exhortando al Tribunal Constitucional a pronunciarse de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad relacionada con la Ley 31388 y sus posteriores ampliaciones, que extienden los plazos del proceso de formalización minera.
El CAL expresó su preocupación por el incremento de la violencia vinculada a la minería ilegal, reflejada en recientes ataques contra la sede del Ministerio Público en Trujillo. La institución señala que la falta de efectividad en la regulación minera ha permitido que menos del 20% de los pequeños mineros y mineros artesanales sean formalizados en más de una década, agravando problemas como la criminalidad, la degradación ambiental en la Amazonía y delitos conexos como la trata de personas.
El CAL insta al TC a emitir un fallo que sirva de guía para el Congreso y el Ejecutivo, subrayando la necesidad de abordar esta problemática estructural de manera definitiva para reducir la inseguridad y la inestabilidad social que genera la minería ilegal.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Comunicado 005-2025/CAL
CAL EXHORTA AL TC A EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN DEMANDA RELACIONADA CON EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupación por los recientes atentados criminales contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, señalados por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como vinculados a actividades de minería ilegal. Estos actos reflejan una alarmante descomposición social que tiene como uno de sus principales orígenes la falta de regulación efectiva y oportuna del proceso de formalización minera, lo que ha permitido que la minería ilegal prospere y amplíe su impacto negativo en el país.
En este contexto, el CAL considera urgente que el Tribunal Constitucional (TC) emita un pronunciamiento de fondo en el proceso de inconstitucionalidad recaído en el expediente N° 00017- 2023-PI/TC, presentado por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388. Esta ley, que extendió el proceso de formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2024, fue inicialmente planteada como un plazo definitivo. Sin embargo, fue nuevamente prorrogada hasta el 30 de junio de 2025 mediante la Ley 32213, sumándose a una serie de extensiones que datan del Decreto Legislativo 1105 en 2012.
A pesar de más de una década de implementación, el proceso de formalización minera ha demostrado ser ineficaz, logrando regularizar a menos del 20% de los pequeños mineros y mineros artesanales. Paralelamente, los efectos negativos de la minería ilegal continúan escalando. Entre los más graves destacan el aumento de la violencia y la criminalidad, evidenciada en regiones como Pataz, Caravelí y áreas urbanas como Trujillo; la grave degradación ambiental en la Amazonía; y el incremento de delitos conexos como la trata de personas. Además, la reciente exclusión del delito de minería ilegal como crimen organizado, establecida en la Ley 32138, debilita aún más la capacidad del Estado para combatir esta actividad ilícita.
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Frente a esta crisis, el Tribunal Constitucional tiene el deber de emitir un fallo que oriente al Congreso de la República sobre cómo regular adecuadamente la pequeña minería y la minería artesanal. En virtud del principio de función integradora, que exige al TC ordenar y pacificar las relaciones entre los poderes públicos y la sociedad, es esencial que se emita una resolución definitiva que aborde esta problemática estructural (ver, entre otras, la sentencia en el Expediente N.º 04596-2006-PA/TC).
El CAL insta al TC a cumplir con su responsabilidad histórica frente al país. Una sentencia que resuelva este expediente contribuirá significativamente a reducir la inseguridad e inestabilidad provocadas por la minería ilegal, al tiempo que impulsará soluciones normativas que el Congreso y el Poder Ejecutivo no han logrado implementar en más de una década.
Lima, 21 de enero de 2025
Junta Directiva
