La Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa es una organización sin fines de lucro, fundada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en noviembre de 2017 e integrada por juristas de Argentina, Bolivia, España, Perú y Paraguay, se ha pronunciado en torno al «proceso» de vacancia que se lleva adelante en nuestro país. A continuación les alcanzamos la lista de los miembros, así como el comunicado de la institución internacional, sin perjuicio de adjuntar también el pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia.
1. Abel Souto, Presidente. (España)
2. Rafael Berruezo, Vicepresidente. (Argentina)
3. Yery Rojas, Secretario General. (Bolivia)
4. Juan Maria Rogriguez Estevez, Vocal. (Argentina)
5. José Fernández Zacur, Vocal. (Paraguay)
6. Gustavo Meirovich, Vocal. (Argentina)
7. Fabio Joffre Calasich, Vocal. (Bolvia)
8. Carlos Caro, Vocal (Perú)
9. Miguel Polaino-Orts (España)
10. Mariona Llobet Anglí (España)
11. Ciro Añez Nuñez (Bolivia)
12. Patricia Gallo (Argentina)
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COMUNICADO N° 1-2017
La Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, organización sin fines de lucro, fundada en Santa Cruz de la Sierra/Bolivia en noviembre de 2017 e integrada por juristas de Argentina, Bolivia, España, Perú y Paraguay, frente al proceso de vacancia por incapacidad moral iniciado por el Congreso de la República del Perú contra el Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski Godard, por sus presuntos vínculos contractuales con una empresa investigada por hechos de corrupción en diferentes países, desea expresar lo siguiente:
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- Nuestra asociación ratifica su pleno compromiso con el ejercicio ético de la función pública en nuestros países, y con los controles constitucionales y legales que ello conlleva.
- Es importante, sin embargo, tener presente que la potestad sancionadora del Estado, en todas sus formas, incluso cuando se ejerce como parte del control político parlamentario reconocido por las diferentes Constituciones de Iberoamérica, debe estar sujeta a los principios propios del Estado social y democrático de derecho.
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- Esto es, incluso en los procesos de control parlamentario como el iniciado en Perú, deben respetarse principios básicos como la legalidad, material y procesal, el derecho de defensa, la imputación necesaria, el plazo razonable, el debido proceso y la debida motivación. Solo la vigencia de estas garantías puede dar legitimidad constitucional al resultado final del control parlamentario sobre un jefe de Estado.
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- Por ese motivo, y considerando la gran trascendencia de las decisiones que tomará el Congreso de la República del Perú en los próximos días, hacemos un llamado a reflexionar y perseguir la salvaguarda del debido proceso legal en este caso concreto, independientemente de si el resultado final es favorable o no a la vacancia presidencial instada.
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Asunción, Buenos Aires, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lima, Madrid, San Luis, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Compostela, Sevilla, 18 de diciembre de 2017
Por otro lado, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) también emitió un comunicado expresando su preocupación por la coyuntura política y que el procedimiento parlamentario de vacancia se realice en observancia del debido proceso. A continuación compartimos la nota.
