La Corte Superior de Justicia de Junín (CSJ Junín) reanudó este 4 de octubre la audiencia de control de acusación contra Vladimir Cerrón, exgobernador regional de la citada provincia, por su presunto resguardo irregular, entre el 2019 y 2021, en el caso denominado Chaleco de Cerrón.
La Fiscalía pide nueve años de prisión efectiva en contra del prófugo líder de Perú Libre por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Además, solicita la inhabilitación para ejercer la función pública, por un plazo de diez años, y el pago de una reparación civil de más de 4000 soles.
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El caso está a cargo del fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. La primera audiencia de control de acusación se realizó el 1 de julio.
La diligencia está a cargo del juez Walter Camarena Madrid del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria (CSJ Junín).
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Audiencias previas
Según la tesis del Ministerio Público, el suboficial Carlos Zárate Villalobos y otros efectivos de la Policía Nacional (PNP), entre los años 2019 y 2021, resguardaron a Cerrón Rojas pese a que este no desempeñaba cargo público alguno. La institución indica lo siguiente:
A esto se suma, que el sustento para la emisión de dichas órdenes de servicios, fueron las resoluciones ejecutivas regionales suscritas por los ex gobernadores regionales Cerrón Rojas y Orihuela Rojas, las mismas que se basaron en normas derogadas. Con dicho accionar ocasionaron un perjuicio patrimonial para el Estado por la suma de S/103,500.00 soles, conforme lo estableció la Contraloría General de la República.
Por dicha labor, de acuerdo a hipótesis fiscal, dichos agentes percibían una remuneración adicional a su sueldo a través de órdenes de servicio emitidas por el Gobierno Regional de Junín.
En el presente caso también se encuentran involucrados además otros doce exfuncionarios regionales de Junín, para quienes la Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre los 4 y 9 años de prisión efectiva.
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