Alarma, zozobra y terror viene causando en la ciudadanía la incesante ola delincuencial que se vive. Las estadísticas dan cuenta que en forma mensual se cometen cerca de 36 000 ilícitos penales, sin contar, desde luego, las denuncias que se realizan en sede policial.
El problema se agudiza ya que diferentes sectores académicos, empresariales, políticos e ideológicos vienen precisando que el país se encuentra secuestrado por la delincuencia debido a que el principal problema que tiene el Perú no es el reordenamiento de los mercados, el recojo de basura, ni el tránsito vehicular, sino la inseguridad ciudadana.
No está de más indicar que es necesario también atender de manera prioritaria otros sectores (salud, educación, justicia, energía, reconstrucción y reactivación de la economía); sin embargo, consideramos que la inseguridad ciudadana merece una prioridad por parte de todos los sectores comprometidos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar a la delincuencia en todas sus modalidades.
Para nadie es novedad que, amén de los problemas mencionados se agrega uno más, y es el relacionado a la migración venezolana que está afectando seguridad ciudadana y esto se ha podido apreciar en que tienen métodos más radicales y no tienen escrúpulos ni piedad con sus víctimas[2]
Según fuentes de la Policía Nacional, los facinerosos son parte de la presunta organización criminal «Los Malditos Relojeros», integrada por ciudadanos venezolanos y dedicados a sustraer relojes de alta gama para luego venderlos en el mercado negro. Así, dan cuenta los medios de comunicación que la Policía Nacional capturó a nueve miembros de esa peligrosa organización, pero aún hay cuatro extranjeros que se encuentran libres y están en pleno proceso de identificación.
Se tomó conocimiento que los presuntos delincuentes realizan todo un trabajo de reglaje en el aeropuerto, así como en lugares exclusivos, debido a la gran concentración de extranjeros y empresarios. Esto, con la finalidad de sustraer relojes de cotizada marca, ya que un reloj marca Rolex puede llegar a costar desde veinte mil hasta cien mil dólares americanos.
De la misma forma, según lo ha manifestado el coronel de la Policía Nacional, Juan Olivera García, una de las modalidades de la delincuencia que se ha incrementado en los últimos años es el uso de motos lineales y son estos vehículos menores los que se han convertido en los favoritos de los criminales.
Estos motorizados van a una velocidad que fluctúa entre 120 a 150 kilómetros por hora y en la congestión de Lima pueden emprender sus huidas y salir victoriosos. Los distritos en los que más se registran robos son Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas y el Callao respectivamente.
Para nadie es una novedad que uno de los principales problemas que tenemos es la inseguridad ciudadana. La delincuencia ha llegado a tocar fondo y nos encontramos secuestrados por ella debido a que al mes ocurren un promedio de 36 000 delitos. De acuerdo con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Policía Nacional cerca de cincuenta personas son víctimas de la comisión de un delito cada minuto.
Arrebatos y raqueteros al paso, robo de celulares, carteristas, robo de autopartes, asaltos en viviendas, centros comerciales y atracos. En suma, delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades que se cometen a vista y paciencia de nuestras autoridades.
De la misma forma, tenemos que agregarle los delitos de feminicidio, violación sexual de menores, acoso y explotación sexual, contra la administración pública, extorsión y sicariato, usurpación de tierras, tráfico ilícito de drogas, homicidios, lesiones graves, minería ilegal, tala ilegal de árboles, omisión a la asistencia familiar, entre otros delitos.
De acuerdo a lo que se reporta, la delincuencia crece de manera alarmante y nada parece detenerla pese al esfuerzo de algunas autoridades el problema se incrementa, pues solo el año pasado se reportaron en todo el territorio patrio un total de 422,010 denuncias en las diversas comisarías de todo el Perú por la comisión de diferentes ilícitos penales.
Conforme a lo precisado por el Diario Uno, Lima concentra el 50% de la comisión de diversos delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y Serenazgo; también es una verdad que la inseguridad ciudadana se agrava en las principales capitales de los departamentos: Trujillo, Chiclayo, Piura, Cuzco y Arequipa.
Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo revelan que a nivel económico el costo de la inseguridad ciudadana ha sido cuantificada solo en el año 2016 en US$10,325 millones de dólares, lo que resulta un equivalente al 2.77 del Producto Bruto Interno, monto que desde luego supera el presupuesto destinado a la Educación.
En ese sentido, hace falta liderazgo para emprender la lucha contra delincuencia en todas sus modalidades, puesto que, no solamente el trabajo debe estar enfocado en la lucha contra la corrupción que, ciertamente es muy bueno. Además, la delincuencia, es un mal endémico como la corrupción que hay que combatir desde todos los frentes, también se debe dar prioridad y trabajar con firmeza para prevenir, investigar, juzgar y sancionar a la delincuencia en todas sus modalidades.
Cabe decir que, la Encuesta Nacional del Programa Presupuestal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, precisa que los hechos delictivos cometidos con armas de fuego se han incrementado de 5.9% en el año 2011 a 9.2% en el año 2018, mientras que el porcentaje de hogares en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia, ha pasado de 27.1% en el 2014 a 29.6% en el 2018.
Así mismo, el Diario Expreso[3] precisó que la Contraloría General de la República en su operativo «Seguridad Ciudadana 2019», identificó que el 29.8% de comisarías a nivel nacional no ejecutarían el Servicio de Patrullaje Integrado con la municipalidad de su jurisdicción lo cual afectaría el alcance e impacto de las actividades de patrullaje que de forma independiente realizan ambas entidades.
También, según refiere El Matutino, el 55.1% de las comisarías a nivel nacional no contarían con un «Plan de Patrullaje Integrado» para el año 2019, situación que denotaría la ausencia de acciones articuladas e integradas entre las comisarías y las municipalidades, también la posible subutilización de los recursos no dinerarios que deben destinarse para fines de seguridad ciudadana.
Se debe agregar también que, los efectivos policiales que realizan patrullaje motorizado y a pie no contarían con el equipamiento completo que requiere la ejecución de dicha actividad, lo cual afectaría la eficacia del servicio a la ciudadanía y la integridad física de los propios policías. Por otro lado, el 39.9% de los vehículos motorizados que se destinan al patrullaje se encuentran inoperativos, situación que afecta la cobertura del servicio de patrullaje, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos de la jurisdicción de las diversas comisaría del país.
En tal sentido la inseguridad ciudadana en el Perú, constituye uno de los problemas más grandes que tiene el país, sumada a la migración venezolana con el arrebato de los relojes Rolex y para su cometido no existe miramientos a su víctima, toda vez que si opone resistencia atentan contra su propia vida.
En consecuencia, urge replantear una verdadera Política Criminal del Estado para prevenir, investigar, juzgar y sancionar con todo el peso de la ley contra aquellas personas que cometen delitos graves y que atentan contra la propia seguridad ciudadana, además se tiene que articular con todos los sectores públicos y privados para dicho cometido, puesto que, estamos comprometidos para luchar contra este flagelo y para ello también apremia replantear políticas de Estado de igualdad de oportunidades y fomentar una verdadera política cultural, educativa, deportiva para nuestros jóvenes que son la reserva moral y laboral del país. Se corre traslado.
[1] Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional, Phd en Ciencias Legales por la Atlantic International University, Doctor en Derecho y Educación, Magíster en Ciencias Penales, Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Comunicación Social, Docente Universitario y de la Academia de la Magistratura.
[2] Diario Expreso. Edición del día del dos de septiembre del 2019,.
[3] Idem.
