El anuncio de la suspensión de la cooperación judicial internacional del Ministerio Público Federal de Brasil y la postergación de las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala, reavivó el interés público sobre este proceso.
En el siguiente informe, explicamos cómo va el juicio, qué es lo que se conoce hasta el momento y cómo podría influir en el caso una decisión que en pocos días tomará la Corte Suprema.
¿Quiénes son los acusados y qué se les imputa?
Según la tesis del Ministerio Público, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia lideraron una organización criminal dedicada a lavar activos. Esto por recibir, presuntamente, aportes económicos para las campañas presidenciales de los años 2006 (Gobierno del expresidente Hugo Chávez desde Venezuela) y 2011 (Partido de los Trabajadores de Brasil). Para cumplir tal fin, la Fiscalía a cargo del caso involucra además a otras 9 personas, entre ellas, el hermano y la madre de la ex primera dama, así como a dos personas jurídicas, la empresa Todo Graph y el Partido Nacionalista Peruano.
Respecto al componente Venezuela, el Ministerio Público argumenta que el expresidente y su esposa habrían recibido dinero ilícito del Gobierno de Venezuela para la campaña presidencial de 2006. Este supuesto dinero habría ingresado al país a través de maletas diplomáticas que luego fueron entregadas a los principales dirigentes del Partido. Para demostrar su tesis, el fiscal Juárez se basa en los rumores que circulaban en la época de la campaña electoral. Sin embargo, en el juicio, para la defensa no hay un solo testigo que haya señalado que el dinero llegaba de Venezuela, tampoco algún documento en el que se base esa información. Menos aún, que este dinero (no visto) tenga una fuente ilícita. Un proceso, una contrapartida, una denuncia investigada en Venezuela o Perú.
Cabe recordar igualmente que la trama con el supuesto dinero venezolano fue investigada ya en el año 2009 y archivado en dos instancias en el año 2010 por ausencia de pruebas. Entonces, ¿por qué nos encontramos nuevamente discutiendo el mismo caso? Porque en el 2015, el Tribunal Constitucional reabrió el proceso a solicitud del fiscal Ricardo Rojas León, hoy preso por tráfico de influencias. Y bajo las amenazas de representantes del Partido Aprista Peruano, quienes aseguraban que denunciarían a los miembros del Tribunal Constitucional que no fueran por la reapertura del caso.
Para tener un panorama completo de lo que se investiga en el componente Venezuela, es necesario conocer también que las historias sobre un supuesto aporte venezolano en campaña surgieron con un rumor. En junio del año 2006 se realizó una conferencia de prensa con un supuesto piloto llegado desde Venezuela, quien aseguraba que había entregado 600 000 dólares al entonces tesorero del Partido Nacionalista Peruano. Las historias del supuesto piloto resultaron ser falsas y se conocieron en el año 2007, cuando el propio denunciante aseguró que el excongresista Mauricio Mulder le debía 40 000 dólares que se le habían ofrecido para hacer tal conferencia.
Pese a esto, la Fiscalía insistió en que tanto Humala como Heredia habrían recibido un aporte, habrían adquirido bienes con este dinero y que, con el fin de no generar sospechas sobre estos ingresos, habrían simulado contratos laborales. En juicio, ningún empresario ha declarado, en ese sentido, más que el único colaborador eficaz que tiene el fiscal para todo el proceso, el señor Eduardo Sobenes, quien además admitió en su testimonio, abierto y público, tener procesos penales pendientes propios con el mismo fiscal, Germán Juárez Atoche. Sobre la procedencia del dinero pagado por los contratos, señaló no tener conocimiento sobre su procedencia; sin embargo, en una declaración anterior señaló que el dinero era de su patrimonio.
En contraparte, los demás empresarios han señalado que los contratos fueron reales, se pagaron según las posibilidades de sus empresas y se cumplieron además con los tributos necesarios, por cada uno. Detallan para eso, libros contables, transferencias bancarias y recibos por honorarios. Los mismos que ya se habían presentado en el proceso del 2009.
Respecto al componente Brasil, Juárez Atoche indica que los Humala-Heredia recibieron un supuesto apoyo económico de la constructora Odebrecht por pedido de Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Brasil durante el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, para la campaña presidencial de 2011, de la cuenta que tendría el Partido de los Trabajadores con la constructora.
La declaración de los funcionarios brasileños, prevista para noviembre de este año, se ha pospuesto hasta el 16 de enero del año 2023, debido a la suspensión del acuerdo de colaboración suscrito entre Odebrecht y el autodenominado Equipo Especial por el presunto incumplimiento por parte del titular de este grupo de trabajo, fiscal Rafael Vela Barba, al usar información dada por los empresarios brasileños en otros casos, en procesos en los que Odebrecht no participa ni ha asumido delito.
Sin embargo, una rápida revisión a lo declarado por los empresarios brasileños sobre el caso del Partido de los Trabajadores y su relación con el Partido Nacionalista apunta a que, si bien Marcelo Odebrecht asegura haber autorizado un aporte para campaña, ni él ni sus funcionarios pueden acreditar que la entrega efectivamente se haya realizado. Es más, adelantan que si un aporte de esa naturaleza se quedó en el patrimonio del agente de este país, aquí Jorge Barata Simoes tampoco tendrían como saberlo o sancionarlo.
Por otro lado, según la defensa, la debilidad de la tesis fiscal parte del campo del puro derecho. Esto se debe a que, según las normas peruanas vigentes durante las campañas presidenciales del 2006 y 2011, un aporte de campaña no declarado no puede ser tipificado como lavado de activos. Sumado a esto, los representantes del Ministerio Público crearon su tesis del caso con base en rumores de testigos cuestionables que claramente tienen problemas personales con los acusados.
Pese a todo ello, y habiendo concluido la etapa intermedia, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional citó el inicio de audiencia de juicio oral para el día 21 de febrero de 2022. Así, el fiscal Germán Juárez tenía que demostrar la supuesta culpabilidad de los acusados frente a los magistrados Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Oliver Vengoa Valdeiglesias, integrantes del Colegiado.
¿Cómo se ha llegado entonces a juicio?
En el 2017 y en medio de una gran cobertura mediática, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva contra el expresidente Humala y su esposa. Juárez argumentó su requerimiento con las declaraciones de testigos e informes técnicos. Así, el 13 de julio de 2017, en una sala del Poder Judicial colmada de reporteros que cubrían la noticia, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, pese a que los acusados en audiencia demostraron que no había peligro procesal.
Como era lógico de esperar, la decisión del magistrado Concepción Carhuancho fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional debido a que el juez habría vulnerado lo establecido por la Corte Suprema sobre la prisión preventiva en la Casación 626-2013-Moquegua.
Esta no fue la única decisión del juez Concepción Carhuancho revocada en el caso Humala-Heredia. El 22 de noviembre de 2018, la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó la medida de incautación contra unas viviendas y cuentas bancarias de la ex primera dama.
Así, la Primera Sala Penal de Apelaciones y el Tribunal Constitucional no solo dejaron sin efecto las decisiones cuestionables del juez de investigación preparatoria, sino que empezaron a revelar los débiles argumentos del Ministerio Público contra los acusados. Situación que no tuvo la misma cobertura mediática que la prisión preventiva contra el exmandatario y su esposa.
¿Cómo va el juicio?
En febrero de este año, se inició el primer juicio contra un expresidente de la República, en el marco de las investigaciones Lava Jato. Todos los acusados cumplieron con el mandato judicial de asistir virtualmente a la audiencia, mostrando siempre una actitud de colaboración con la justicia. Lamentablemente, el acusado Martín Belaunde Lossio fue la excepción, argumentando un supuesto problema de salud y mediante su abogado mostró un afán dilatorio. Debe señalarse, en este punto, que la situación de Belaunde Lossio no está definida en el proceso, ya que el Colegiado aún no ha resuelto sobre él, dado que, según la extradición que obra en Bolivia, él no podría ser juzgado en este caso. Ya que, como el mismo Belaunde Lossio señaló en audios que se dieron a conocer por la prensa internacional, el delito habría ya prescrito en Bolivia y Perú.
A pesar de ello, se dio por inicio la audiencia.
Los testigos claves del Ministerio Público fueron los primeros en pasar: Víctor Soto Remuzgo, José Alejandro Vega Antonio, María Elena Llanos Carrillo, Jorge Washington Cárdenas Sáenz, Julio Abel Raygada García, Ítalo Camelo Ponce Montero, David Quintana Ortiz, Oscar López Meneses, Oswaldo Zapata, Sergio Gallardo Fleming, Eduardo Sobenes Vizcarra y los expresidentes Alejandro Toledo Manrique y Pedro Pablo Kuczynski, entro otros. Estos testigos que en su momento generaron convicción en el juez Carhuancho para dictar la prisión preventiva contra el presidente y su esposa, ahora en juicio demostraron inconsistencias y contradicciones.
Así, los exdirigentes del partido UPP dieron sus declaraciones sobre las elecciones de 2006. Víctor Miguel Soto Remuzgo, personero legal en la campaña presidencial de 2006, indicó que no sabe nada sobre los temas económicos de esa campaña y que no le consta que haya ingresado algún dinero del Gobierno de Venezuela. A su turno, José Alejandro Vega Antonio, fundador de UPP, en medio de constantes contradicciones entre sus declaraciones en juicio y sede Fiscal, indicó que a él tampoco le consta algún financiamiento proveniente del expresidente Hugo Chávez.
A su turno, por ejemplo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski indicó que el supuesto ingreso de dinero de Venezuela en maletas diplomáticas eran solo un rumor que no generó mayor investigación en su momento, y que él entendía ese rumor como parte de una campaña política. En esa misma línea, el expresidente Alejandro Toledo indicó que nunca le constó la presencia de valijas diplomáticas que tuvieran dinero. Ambos señalaron, incluso, que no habían reportes ni información de inteligencia sobre el particular.
Luego, los exjefes de la DINI e Inteligencia de la Policía de esos años, declararon que el ingreso de maletas solo fue un rumor mediático que no generó ningún trabajo de investigación por su parte. Así, toda la tesis fiscal del componente Venezuela se empezó a desplomar, porque, en simple, sin ingreso de dinero al Perú, no hay delito, y eso bien lo saben los fiscales, con lo cual empezó el nerviosismo entre ellos.
Este no sería el único revés que recibieron los representantes de la Fiscalía, dado que en las más de 53 audiencias que van en el juicio desde febrero, los testigos se siguen contradiciendo en audiencia con lo declarado ante el Ministerio Público, asimismo, indican que no les consta algún ingreso de dinero ilícito y en el mejor de los casos, solo oían rumores.
¿Qué se puede venir en el juicio?
Luego de casi 9 meses, 53 audiencias y decenas de testigos, según la defensa, el saldo es negativo para el Ministerio Público. No logra demostrar en juicio que haya ingresado dinero proveniente del gobierno venezolano a través de maletas diplomáticas. Los testigos fuertes de la Fiscalía son, a la vez, aquellos que demostraron tener problemas personales contra el expresidente y su esposa, como es el caso del María Elena Llanos, quien en más de una ocasión declaró su aversión por la ex primera dama, u Oscar López Meneses y su tío, Oswaldo Zapata, que llegó hasta a publicar un libro contra el expresidente Ollanta Humala.
Se suma a esta situación el hecho de que para la configuración del lavado de activos se necesita un delito fuente, situación que no se presenta en el supuesto financiamiento del Gobierno venezolano, ya que, como sostuvo la defensa de Humala a través de un documento del Estado venezolano, no existe ninguna investigación o sentencia contra el finado presidente Hugo Chávez Frías.
Asimismo, las partes miran atentas lo que pueda decidir la Corte Suprema en estos días sobre la casación planteada por la defensa, que busca esclarecer si los aportes no declarados en campañas electorales configuran el delito de lavado de activos antes de la reforma que sufrió el Decreto Legislativo N.º 1106 en el 2016.
La Procuraduría Pública de Lavado de Activos pidió la recusación del juez supremo César San Martín Castro, ponente en la casación. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el pedido. Así también la Junta Nacional de Justicia ratificó por unanimidad al juez supremo.
Por lo pronto, solo queda ver qué decide la Corte Suprema.
