Los familiares de las víctimas de La Cantuta solicitaron al presidente de la República, a través de una carta, que con carácter de urgencia se declare la nulidad del indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
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Concretamente, en la carta se impugna el informe presentado por la Junta Médica ante la supuesta violación de la imparcialidad y el debido proceso, toda vez que el médico Juan Postigo Díaz, quien públicamente se mostró a favor del indulto, integra la Junta que recomendó el indulto por razones humanitarias.
En la carta se pide, además, que se nombre una Junta Médica conformada por médicos nacionales y extranjeros «que garantice conocimiento e independencia» en la evaluación del indulto.
A continuación les alcanzamos la carta enviada por los deudos.
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Luis Martín Champin Loli
Director General de las Redes Integradas de Salud Lima Este, Ministerio de Salud
Señores
Comisión de Gracias Presidenciales
Enrique Mendoza Ramírez
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Pedro Pablo Kuczynski
Presidente de la República Presente.-
Asunto: Pedido de nulidad de indulto otorgado con violación al debido proceso
La presente comunicación es suscrita por los familiares de víctimas del Caso “La Cantuta” y sus abogados, a fin de solicitarle con carácter de urgencia que se declare como corresponde la nulidad del procedimiento relacionado al pedido de indulto del sentenciado por delitos contra los derechos humanos y con carácter de lesa humanidad, Alberto Fujimori Fujimori.
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Ello, porque como se ha informado en los últimos días, el médico de cabecera del sentenciado Alberto Fujimori es uno de los médicos que integra la Junta Médica que realizó el informe que aconseja el indulto humanitario.
Lo anterior evidencia dos serios problemas para el debido proceso y el derecho de los familiares de las víctimas por cuyos crímenes Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años. Primero, porque se viola el principio de imparcialidad de la evaluación y de la actuación del Estado, lo que acarrea una violación al debido proceso. Esto representa una situación insalvable que acarrea la nulidad de cualquier indulto otorgado en base a dicho informe de la Junta Médica en mención.
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“Juan Postigo Díaz, doctor del expresidente Alberto Fujimori, quien en el 2012 sugirió su excarcelación, integra hoy la Junta Médica Penitenciaria que recomendó su indulto humanitario la semana pasada. Hace cuatro años, la Comisión de Gracias Presidenciales, durante el gobierno de Ollanta Humala, no permitió que Postigo ocupara este puesto clave.”
El 18 de enero de 2013, la Comisión de Gracias Presidenciales ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) “no aceptar la participación de médicos tratantes particulares como integrantes en la Junta Médica” para “garantizar la objetividad e imparcialidad de la diligencia médica”, en referencia a la solicitud de la familia Fujimori para incluir a Postigo Díaz en el grupo evaluador. La comisión encargada de proponer al Presidente de la República la concesión de indultos humanitarios sólo acepto que los doctores de Fujimori asistieran como observadores.
“Cuatro años después de esta polémica, el doctor de Fujimori fue uno de los médicos que el último 17 diciembre evaluó al exmandatario, juunto con Víctor Sánchez Anticona y Guido Hernández Montenegro. Los tres doctores fueron designados como miembros de la Junta Médica Penitenciaria el pasado martes 12 por el INPE y por la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este, en el marco de una nueva solicitud de indulto presentada por el expresidente.”
En segundo lugar, como se ha advertido también, que hay un problema de competencia, en referencia a lo aconsejado por la Junta Médica en cuestión:
“Una fuente experta en el tema explicó que la Junta Médica Penitenciaria no tiene competencia para recomendar un indulto, solo debe pronunciarse sobre si las condiciones carcelarias afectan gravemente la salud del condenado o no.”
Como se le ha hecho saber y se ha señalado públicamente en reiteradas oportunidades, el “indulto humanitario se concede a personas que padecen enfermedades, terminales, y no terminales cuando estas son irreversibles o degenerativas; en el caso de Fujimori, él no cumple con ninguno de estos requisitos. Y que es fundamental, para la democracia y la confianza en sus instituciones, no manipular, ni usar políticamente, el dolor de los familiares que perdieron a sus seres queridos producto de estas violaciones a los derechos humanos”.
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En ese sentido, necesitamos una pericia médica irrefutable que nos diga la verdadera situación médica del referido solicitante del indulto.
De allí la importancia de la recomendación expresada por Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU: “Fujimori fue condenado por delitos que constituyen crímenes contra la humanidad, es decir, crímenes que son del interés de la comunidad internacional en su conjunto la comunidad internacional debe ser involucrada en este tema tan importante”.
Es decir se necesita una Junta Médica, que quite cualquier duda de favorecimiento indebido.
El día 21 de diciembre en el Congreso de la República, se discutió la vacancia del Presidente de la República y 10 votos de la bancada de Fuerza Popular, se abstuvieron, dentro de ellos el congresista Kenji Fujimori, hijo del condenado Alberto Fujimori, quien ha señalado en repetidas veces, que todo su accionar político estará dado en la búsqueda de la libertad de su padre. Por lo que muchos especulan la transacción de indulto por voto contra la vacancia.
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Por todo ello, le solicitamos, se declare la nulidad del informe de la Junta Médica por violación a la imparcialidad de la misma y el debido proceso, que es un derecho fundamental y principio de actuación de la administración pública, y que se nombre una Junta Médica que garantice conocimiento e independencia, con médicos nacionales y extranjeros, que puedan reportar un informe que nos genere a todos los peruanos y peruanas que el paso que se de en un sentido u en otro este dentro de los parámetros de la justicia nacional y los compromisos internacionales que nuestro país ha firmado en materia de derechos humanos.
No hacerlo así significaría un irrespeto a estas normas y una afectación adicional a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos por el cual Alberto Fujimori, fue condenado. El Pueblo peruano una vez más la credibilidad del gobierno quedará en entredicho.
Esperando que este pedido urgente sea atendido, quedamos de usted.
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