La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
De acuerdo a la denuncia, presentada por la bancada de Renovación Popular, cuando ocupaba el cargo de fiscal de la Nación, el referido habría «ordenado suspender una diligencia» en el local del medio de comunicación IDL-Reporteros.
El documento detalla que, mientras se realizaba un allanamiento a cargo del fiscal Álvaro Rurush, se produjo una comunicación entre el entonces fiscal de la Nación y el periodista Gustavo Gorriti.
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Por su parte, Gorriti, en una editorial periodística indicó que el fiscal pretendía incautar los audios del medio de comunicación relacionados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese contexto, se habría dado la presunta llamada con Sánchez:
Entonces, una mañana, apareció Rurush con cuatro policías en IDL, para exigir los audios. Rurush actuaba bajo las órdenes de la fiscal Norah Córdova. Su objetivo era llevarse los audios. ¿Para qué? Para que no se continuaran difundiendo y abortar las revelaciones y la investigación. Así de simple.
¿Tenía Rurush una orden judicial de allanamiento? ¡No! ¿Tenía siquiera una disposición formal de la fiscalía que autorizara la diligencia? ¡No! ¡No tenía nada! ¡Era una diligencia por completo ilegal donde Rurush apostó por el atarante del acompañamiento policial! Una diligencia ilegal que iba a derivar en un escándalo mayúsculo.
Y el entonces FN, Pablo Sánchez, a quien comuniqué lo que estaba pasando, intervino como tenía que intervenir. ¿O debió callarse, abstenerse y permitir que un fiscal continuara actuando ilegalmente con consecuencias que hubieran repercutido sobre toda la institución?
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