La bancada de Renovación Popular presentó una queja por inconducta funcional, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Villena. El pedido solicita que se inicie una investigación preliminar por presuntas faltas muy graves en el ejercicio de la Función Pública.
Los congresistas afirman que los magistrados decidieron «desacatar abiertamente lo ordenado por la JNJ», lo que, a su juicio, constituye una conducta pasible de sanción disciplinaria. Por ello, solicitan que se imponga la «sustitución temporal en el cargo, así como la posterior sanción de destitución».
El documento señala que, mediante Resolución 231-2025-JNJ, se dejó sin efecto el procedimiento disciplinario contra Patricia Benavides y se ordenó su reposición inmediata. Esa decisión fue comunicada a la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, mediante el Oficio 002920-2025-DPD/JNJ.
La queja indica que los fiscales supremos, además de no acatar la orden de reposición, emitieron un pronunciamiento conjunto el 18 de junio a través del portal institucional del Ministerio Público. Según el texto presentado, ese acto «corrobora la comisión de la falta muy grave, en flagrancia, así como el desacato denunciado».
También se imputa a Espinoza haber continuado ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación pese a haber sido formalmente cesada. Además, se le atribuye haber dispuesto «la apertura de diligencias preliminares en contra de los integrantes de su representada», a pesar de no tener competencia funcional para ello.
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Como respaldo, se adjunta la resolución cinco, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 24 de junio, que reconoce «la calidad de fiscal suprema y de fiscal de la Nación en ejercicio» a Benavides. Esta resolución se emitió dentro de un incidente judicial por suspensión preventiva de derechos.
En la parte final, Renovación Popular sostiene que las actuaciones descritas «comprometieron la dignidad del cargo y el desmerecimiento de la función pública ante la percepción ciudadana».
