Estimados lectores, compartimos un fragmento del artículo «La regulación jurídica de la consulta previa en el Perú: algunos apuntes críticos en torno a la Sentencia 27/2022 y otros pronunciamientos relevantes del Tribunal Constitucional», cuyo autor es Rodrigo Walter Orcotorio Figueroa.
Este artículo fue publicado en el cuarto número de la revista LP Derecho (pp. 76-89).
Resumen: El derecho a la consulta previa ha sido un tema de especial discusión por nuestros tribunales de justicia. A partir de la promulgación de la Ley de Consulta Previa y su reglamento, el Tribunal Constitucional ha establecido una línea interpretativa que desconoce los estándares internacionales más favorables al respecto, sobre todo en el contexto de los impactos extractivos en los territorios de los pueblos indígenas. El presente artículo parte de la regulación legal, internacional y nacional, de la consulta previa. Luego, analiza las decisiones adoptadas por el máximo intérprete constitucional con especial énfasis en la sentencia 27/2022. Al final, añade algunas conclusiones.
Palabras clave: Consulta previa, industrias extractivas, Sentencia TC 27/2022, jurisprudencia constitucional.
Introducción
En la actualidad existen varios documentos e instrumentos internacionales que regulan una gran variedad de derechos en favor de los pueblos indígenas. Uno de los más importantes en los últimos años ha sido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (en adelante, C 169). Además, se cuenta con otros instrumentos normativos de distinta relevancia: la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016).
La situación más problemática ha girado en torno a las capacidades institucionales de las autoridades y tribunales de justicia para hacer realidad el marco normativo de los pueblos indígenas establecidos en el C 169. Con posterioridad a la ratificación del citado convenio en 19941, el Gobierno promulgó la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (en adelante, LCP) (2011), y su reglamento, el Decreto Supremo 001-2012-MC (en adelante, «reglamento»), a raíz de uno de los eventos más disruptivos en la historia reciente de los conflictos sociales en el Perú. Con ello nos referimos a los trágicos acontecimientos ocurridos en la Curva del Diablo (33 personas fallecidas y un desaparecido), en el que los pueblos indígenas awajún y wampis demandaron la derogación de decretos que posibilitaban el otorgamiento de concesiones en sus territorios ancestrales sin consulta alguna. A partir de este marco jurídico se han dado
las más diversas interpretaciones legales.
En la presente investigación abordaremos más en profundidad esta última cuestión. Partimos de algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han generado discrepancia acerca del verdadero contenido de la regulación legal de la consulta previa en los últimos años. En primer lugar, presentamos una síntesis de las relaciones entre el marco internacional y nacional de tal derecho y las industrias extractivas. En segundo lugar, analizaremos algunos casos de importancia en los que el Tribunal Constitucional ha examinado el derecho a la consulta previa, sobre todo la Sentencia 27/20223 por los cuestionamientos «formales» que niegan su naturaleza de derecho fundamental. Al final ofreceremos algunas conclusiones y recomendaciones.
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