El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra y los exministros César Sandoval Pozo y Raúl Pérez-Reyes Espejo. La acción se sustenta en la posible comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
El documento señala que los hechos se produjeron el 4 de octubre de 2025, cuando la entonces presidenta Dina Boluarte Zegarra aprobó el Decreto Supremo 015-2025-MTC, refrendado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Sandoval Pozo, mediante el cual «se aprueba el texto de la Adenda 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos».
Asimismo, la denuncia precisa que dicha decisión fue adoptada «tras la participación directa y el refrendo del titular encargado del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo», y que dicha adenda «aprueba la extensión ilícita, ilegítima e indebida del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años; aun cuando la terminación del contrato con el referido concesionario habría de ocurrir en el año 2029″.
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El texto agrega que los funcionarios actuaron «careciendo de una adecuada valoración de la conveniencia al interés público, y atentando directamente contra la libre competencia en la contratación pública». El congresista sostiene que los denunciados:
Valiéndose del uso fraudulento de sus atribuciones funcionales, han dispuesto la renovación de un contrato de concesión suscrito para la duración inicial de tres décadas; duplicando su duración de manera previa a su vencimiento, evadiendo la necesaria e indispensable realización de concurso público para la selección de un nuevo concesionario.
Según Martínez Talavera, la extensión de la concesión se realizó «sin que exista ninguna justificación mínimamente razonable o válida para el hecho de entregar las plenas facultades de explotación y aprovechamiento de los recursos públicos a un agente privado cuya idoneidad y competencia no han sido acreditadas como adecuadas y suficientes».
En el documento se solicita que la Subcomisión determine la responsabilidad política de los denunciados y se resuelva inhabilitar a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de diez años.
Además, el congresista requierió que se remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones.
