La Municipalidad de San Isidro impuso dos multas al Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), luego de que este iniciara la demolición de un inmueble adquirido en la av. Santa Cruz 254-258 en San Isidro.
La primera multa, que asciende a la suma de 100 UIT, se impuso al CAL por no contar con el cronograma de visitas de inspección, entre otras omisiones; mientras que la segunda, que también alcanza la suma de 100 UIT, se le impuso por no encontrarse el responsable de obra en el lugar.
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Así, en el acta que consigna los motivos de la primera multa, se menciona lo siguiente:
Por iniciar la ejecución de obras sin cumplir con los requisitos establecidos: comunicación de fecha de inicio de obra, suscripción del cronograma de visitas de inspección, entrega de póliza (…) con cobertura por daños materiales y personales.
Además, se describen parte de las diligencias llevadas a cabo por el municipio:
En cumplimiento de mis funciones y de compañía de personal (…) nos apersonamos a la dirección indicada en atención a la inspección de la obra la cual cuenta con licencia de edificación N° 0049-24-12.2.0 (…).
Nos encontramos con encargados de obra, quienes permiten el ingreso y se constatan trabajos preliminares como retiro de puertas (…).
Sin embargo, se verifica que (…) [se] realizaron trabajos de corte y demolición parcial de muros y pisos, en los colindantes laterales, en tres ambientes; incluido los vestidores.
No se observa el uso de maquinaria por lo que todo trabajo es manual. Existen 8 trabajadores con SCTR vigente. Los trabajos descritos se fueron ejecutando sin presentar el cronograma de visitas suscrito como lo indica el D. S. Número 002-2017 (…).
Por lo expuesto, se recomienda iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
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En lo tocante a la segunda multa, se señala lo siguiente:
Se realiza inspección en compañía de un personal de obra donde se constata que el responsable de obras (residente) no se encuentra en la obra cumpliendo sus labores. Según indica la persona que nos atendió, la Srta. Gabriela Elías Cabezudo, el Ing. responsable es el sr. César Chumpitaz. Por lo expuesto, se recomienda iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
De acuerdo con las notificaciones, la inspección de la comuna inició a las 9:20 a.m. y culminó a las 11:50 a.m.
Advertencias
El pasado 11 de marzo, la vicepresidenta de la Junta de Vigilancia del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Ada Borja León, informó a la Asamblea General Extraordinaria que el actual decano César Bazán pretende aprobar la demolición del local ubicado en la av. Santa Cruz 254-258, San Isidro.
Por medio de un comunicado, Borja sostuvo que la Municipalidad de San Isidro “no permite que ninguna organización ni institución pueda funcionar en la zona por pertenecer a una parámetro urbanístico“. Por ello, la letrada exhortó al actual decano que se evalúe la autorización para demoler el inmueble.
Según las indagaciones de la abogada, el contrato para la demolición tiene un valor de 122 mil dólares con la compañía De La Piedra Consultores S.A. Esto, sin presunto conocimiento de la Junta de Vigilancia.
El reglamento de adquisiciones de la CAL señala que los contratos con un valor arriba de los 20 UIT deben ser suscritos a un concurso público y con sobre cerrado.
Ada Borja, resaltó su “extrañeza” sobre el apuro de aprobar un acuerdo (demolición) sin ninguna evaluación económica ni técnica.
Carta notarial
El decano electo del CAL, Raúl Canelo, envió una carta notarial al decano actual, César Bazán, con el objetivo de manifestar su preocupación con respecto a la anunciada demolición del local en Santa Cruz.
“A fin de expresarle mi profunda preocupación por la convocatoria realizada por su persona a una Asamblea General Extraordinaria para la eventual decisión de ‘Aprobación de la demolición del local ubicado en la avenida Santa Cruz N° 254-258, San Isidro, y colocación de primera piedra’, exigiéndole que se deje sin efecto la referida convocatoria, ya que no hay claridad respecto al origen de los recursos con los que se adquirió dicho inmueble y de los recursos económicos que se utilizará para la demolición del mismo”.
Ante lo expuesto, Canelo cuestiona los movimientos de recursos pecuniarios de la institución a pocos días de la gestión de Bazán. El decano electo considera que no se debe tomar decisiones que perjudiquen el futuro de la institución, como es una inversión precipitada para la demolición de un inmueble.
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