La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó el jueves 27 de junio una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.
La entidad cuestiona la relación entre Vizcarra Cornejo y empresas privadas mientras este se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski.
El entonces funcionario no habría renunciado a sus acciones en la compañía CyM Vizcarra S. A. C. Ingenieros Contratistas. Por este caso, el Congreso de la República inhabilitó al exmandatario, en el 2022, para ejercer cargos públicos.
En 2023, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reafirmó su inhabilitación tras declarar infundada la demanda de amparo que presentó su defensa legal.
En el Tribunal Constitucional
En junio de 2024, mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, argumentó que su inhabilitación violó el “debido proceso” y afectó su derecho a participar en la vida política, el cual está reconocido en la Constitución peruana.
El TC, por tanto, deberá notificar al Congreso y convocar una audiencia pública para tratar el caso.
La demanda del exjefe de Estado incluye la nulidad de varios actos parlamentarios, entre ellos el informe que califica la denuncia constitucional en su contra y las resoluciones legislativas que impusieron la inhabilitación.
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Presuntos vínculos
En 2019, el dominical Panorama reveló que Martín Vizcarra fundó y dirigió una empresa que fue la presunta proveedora de la constructora brasileña Odebrecht.
La compañía C y M Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas contrató al consorcio Conirsa hasta en tres ocasiones y le entregó maquinaria para la construcción del tramo II y III de la Carretera Interoceánica (IIRSA SUR).
