La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el exministro de Salud, Víctor Marcial Zamora Mesía, y la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado, representado por la Procuraduría General del Estado.
Según la denuncia, Martín Vizcarra y María Antonieta Alva habrían concertado ilícitamente la adquisición de 1´401,883 pruebas rápidas de detección de COVID-19, favoreciendo presuntamente a las empresas Nipro Medical Corporation Perú y Multimedical Supplies S.A. Esta contratación fue gestionada a través de funcionarios de Perú Compras y del Instituto Nacional de Salud, sin que los altos funcionarios involucrados participaran directamente en el proceso, pero influyendo de manera indirecta en el mismo. Por su parte, el exministro Zamora habría contribuido al pacto colusorio realizando acciones que facilitaron la adquisición y uso de dichas pruebas por parte del Estado.
Los hechos descritos no solo habrían generado un perjuicio económico, sino que también comprometieron gravemente la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, en un contexto donde la prioridad debía ser garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para la salud de la población.
Cabe señalar que este caso fue inicialmente archivado mediante disposición fiscal del 31 de mayo de 2024, al declararse que no había mérito para formular denuncia constitucional. No obstante, a pedido de reexamen formulado por la Procuraduría General del Estado, se ordenó la reapertura de la investigación, incorporando nuevas diligencias requeridas por la Procuraduría. Estos actos de investigación permitieron reunir nuevos elementos de convicción que sustentan la denuncia presentada por el Ministerio Público.
La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del Estado y la lucha contra la corrupción, promoviendo una actuación diligente y firme ante hechos que afecten el patrimonio público y la institucionalidad democrática.
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