El abogado Charlie Méndez Cueva presentó, este lunes 16, una queja formal ante la Oficina de Control Interno del Poder Judicial contra el juez Derby Quezada Blanco, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, por presunta inconducta funcional. Según el escrito, el magistrado habría ordenado continuar con una audiencia de control de acusación a pesar de haber sido advertido del fallecimiento del imputado.
El hecho ocurrió el 12 de junio de 2025, durante una audiencia correspondiente al expediente 2277-2023-92. Durante la sesión, Méndez —en calidad de defensa técnica— informó al juez que el acusado, Carlos Rafael Palacios Santos, había fallecido una semana antes, dato que conoció inicialmente a través de redes sociales. Ante ello, solicitó la suspensión de la audiencia para que el Ministerio Público pudiera obtener el acta de defunción correspondiente.
La fiscal a cargo del caso, Katia Balladares, confirmó en audiencia que, al verificar el sistema del RENIEC, la ficha del imputado aparecía «cancelada por fallecimiento». Posteriormente, informó también que había consultado con el área de medicina legal, donde «informaron que se le había hecho la autopsia» al ciudadano en cuestión.
A pesar de esta información, el magistrado Quezada Blanco decidió no suspender la audiencia. Según la queja, el juez señaló que «mientras no se tenga el documento oficial no podía resolver el sobreseimiento». No obstante, la defensa recalcó que no se solicitó el archivo del caso, sino la suspensión de la audiencia para obtener la documentación formal que acredite la muerte del imputado.
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«Le señalé que no podía defender a un difunto», manifestó el abogado Méndez, quien lamentó que el juez priorizara una supuesta celeridad procesal por encima del sentido común. Finalmente, el juez dispuso la continuación de la audiencia, permitió la formalización de la acusación y dictó el auto de enjuiciamiento, remitiendo el expediente a juicio, a pesar de que el imputado ya no se encontraba con vida.
«El juez se negó a suspender la audiencia y pidió que el Ministerio Público oralice la acusación so pretexto de ser un juez expeditivo», se lee en la queja presentada. El abogado sostuvo que este tipo de actuaciones «dañan la imagen del Poder Judicial» y cuestionó que se haya preferido mantener el ritmo procesal en lugar de verificar un hecho fundamental como el fallecimiento de la persona procesada.
