La Junta Nacional de Justicia (JNJ) continuó con las entrevistas a los postulantes para ocupar diversas plazas de magistrados a nivel nacional. En esta jornada, se presentó el fiscal Willy Molina Cuadros, quien aspira a asumir el cargo de juez de familia con subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en Wanchaq, perteneciente al distrito judicial de Cusco.
Durante su presentación, el candidato justificó su intención de transitar de la fiscalía a la judicatura argumentando la urgencia de contar con jueces más proactivos en la etapa preventiva, cuestionando a los magistrados actuales que se limitan a expedir medidas de protección «desde un sillón» sin hacer un seguimiento presencial o constituirse en el domicilio de los agraviados.
Matrimonio de personas del mismo sexo y convencionalidad
Uno de los momentos jurídicos más relevantes de la evaluación ocurrió cuando los integrantes le consultaron sobre una publicación de su autoría referida a las uniones civiles. Ante la pregunta directa sobre si estaría de acuerdo y consideraría factible el matrimonio entre personas del mismo sexo, Molina Cuadros respondió de manera afirmativa.
El postulante argumentó que, bajo un principio de igualdad y no discriminación, nuestro sistema jurídico requiere una regulación que contemple una reforma constitucional y la modificación del artículo 234 del Código Civil, con el objetivo de que el matrimonio deje de ser reconocido exclusivamente entre un varón y una mujer.
En esa misma línea de análisis, el candidato fijó una postura clara respecto al control de convencionalidad y la jurisprudencia internacional. Al ser consultado sobre las barreras normativas nacionales, Molina se mostró en contra de la modificación realizada en 2024 al artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la cual establece que el Perú solo está obligado a cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en las que haya sido parte.
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Para el postulante, todos los tratados y las sentencias de la Corte IDH deben ser de obligatorio cumplimiento, una visión que complementó con su postura estricta frente a los casos de agresiones, recordando que la patria potestad debe suspenderse ante situaciones de violencia física o psicológica.
Infracciones graves y pase a sesión reservada
La etapa final de la entrevista giró en torno a cuestionamientos directos sobre la conducta e idoneidad del candidato. La mesa de evaluación le exigió explicaciones por registrar varias papeletas de tránsito, destacando una infracción calificada como «muy grave» impuesta en abril del año pasado. Según se detalló en la audiencia, esta sanción se le aplicó por conducir con una proporción de alcohol en la sangre superior a lo previsto en el Código Penal y bajo los efectos comprobados de estupefacientes, narcóticos o alucinógenos.
Sumado a la infracción de tránsito, el pleno de la JNJ le consultó sobre dos denuncias penales que figuran en su historial —actualmente con registro anulado— por los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y conducción en estado de ebriedad. Frente a la gravedad de los antecedentes expuestos, Molina Cuadros evitó brindar una respuesta pública; en su lugar, solicitó al presidente de la mesa pasar a una sesión privada, justificando que los hechos estaban directamente vinculados a un tema de salud personal y a un proceso contencioso en curso, con lo cual se dio por concluida la parte pública de la entrevista.
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