En su intervención en la conferencia «Análisis dogmático de los delitos de rebelión y conspiración», organizada por LP, el renombrado jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni calificó el proceso contra el expresidente Pedro Castillo como un caso paradigmático de «lawfare» y destacó la existencia de un «componente» de racismo.
Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Argentina y doctor honoris causa por múltiples universidades, inició su exposición señalando que el caso Castillo se inscribe en un patrón regional de «persecución de líderes populares», junto a los procesos contra Jorge Glas en Ecuador y Cristina Fernández en Argentina.
De acuerdo a su versión, Castillo fue «supuestamente destituido por el Congreso sin el número de votos requerido», con una cifra de 101 votos frente a los 104 necesarios. Por ello, consideró este hecho «matemático» y señaló que el ahora imputado por el delito de rebelión es «el presidente constitucional del Perú».
En primer lugar, enfatizó que para que exista rebelión, el Código Penal peruano exige claramente «alzarse en armas», una expresión que «no admite categorías ni grados». Subrayó que las acciones de Castillo se limitaron a un «discurso» y que fue «inmediatamente detenido por su propia custodia». «Las únicas armas que se alzaron fueron para amenazar a Castillo y a su familia y meterlo preso», subrayó.
Cualquier observador objetivo, afirmó Zaffaroni, «sabía perfectamente que Castillo no tenía ningún poder», que estaba «absolutamente indefenso» y que «había perdido todo».
En cuanto a la «inexistencia de tentativa», explicó que esta se configura con el «acto inmediatamente precedente al acto del verbo típico». Incluso, hipotéticamente, si hubiera existido un intento, este sería «inidóneo» y, por tanto, «impune» bajo el código penal peruano, pues «cualquiera que lo observara desde afuera sabía que no iba a pasar nada» y «no pasó nada».
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Respecto a la «impunidad de la instigación frustrada», el jurista detalló que la instigación requiere «determinar a alguien» a cometer un delito, algo que «no sucedió». Indicó que la instigación que «no logra determinar a nadie» es «impune» o «atípica» en la legislación peruana, al igual que en la argentina.
El exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos descartó la «ausencia de conspiración y flagrancia». Para la conspiración, explicó que este delito «requiere cierto tiempo» y no la «precipitación en el tiempo» de los hechos de Castillo, que ocurrieron en «un rato, horas». Asimismo, consideró absurda la aplicación de la flagrancia, pues «un discurso no es alzarse en armas». Enfatizó que no hubo «ningún acto de ejecución de rebelión» ni «actos inmediatamente anteriores a alzarse en armas», por lo que no tiene sentido hablar de flagrancia
Zaffaroni profundizó en la diferencia entre el «lawfare» y el «derecho penal del enemigo«. Para él, el lawfare es la «persecución e inhabilitación de líderes políticos que pueden molestar o perturbar el proceso de entrega de nuestras riquezas naturales» a las «grandes corporaciones financieras».
Sostuvo que, en el actual «capitalismo financiarizado», estas corporaciones son «las verdaderas dueñas del poder», y el objetivo del lawfare es «sacar del medio» a quienes obstaculizan la «acción de este colonialismo financiero». En contraste, el derecho penal del enemigo es una teoría que busca «quitar la condición de persona» a ciertos individuos para aplicarles «reglas jurídico-penales distintas» con menores garantías.
Con un tono personal, el profesor Zaffaroni manifestó su profunda indignación por el «componente repugnante, cloacal de racismo» que percibe en el caso Castillo, resaltando que fue el «primer presidente serrano, el primer presidente campesino» de Perú.
A su vez, advirtió que, cuando el Estado de derecho se deteriora, se produce una «autonomización de policías» y «servicios de inteligencia» que pueden «simbiotizarse con algunas formas de delincuencia organizada», resultando en «estados debilitados». Criticó duramente el uso de legislaciones antiterroristas que, a pesar de que el terrorismo en Perú es «historia», son instrumentalizadas para «perseguir toda disidencia política».
El profesor Zaffaroni cerró su participación agradeciendo la oportunidad de «descargarme, decir algunas cosas que tenía ganas de decir», reiterando su profunda indignación personal por el caso Castillo, al que considera «una de las cosas más indignantes del lawfare de nuestra región».
Mira la conferencia completa de Eugenio Raúl Zaffaroni aquí: