El lunes 8 de abril, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la organización Earthrights International anunciaron mediante una conferencia de prensa la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de la Policía Nacional del Perú que, en materia de seguridad, permite la firma de convenios entre esta institución y las empresas mineras.
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Fue el decano del Colegio de Abogados de San Martín, Orlando Santillán Mendoza, patrocinado por los asesores legales de la organización Earthrights International y del IDL, quien interpuso la demanda de inconstitucionalidad contra las normas legales y reglamentarias que abren el camino a la firma los convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para el IDL, estos convenios promueve la criminalización de la protesta, ya que generan que los policías, que son funcionarios públicos, se conviertan en “policías particulares”. Otra de las razones que consigna el documento es que estos convenios restringen el acceso al servicio de seguridad policial, pues interfieren con la imparcialidad del policía.
La demanda de inconstitucionalidad asegura que los convenios deterioran la prestación del servicio policial, de manera que este servicio no garantiza la seguridad ciudadana.
Líneas más abajo, el texto menciona que el artículo 49 del Decreto Legislativo 1148 viola el principio de jerarquía normativa de la Constitución Política, pues a través de una norma de rango legal se modifica la Constitución.
Es así que la demanda asegura que todo esto implica que la PNP, a través de estos convenios, incurre en actos de arbitrariedad y se extralimita en el ejercicio de sus funciones. Es por eso que sostiene que los convenios vulneran el principio de interdicción de la arbitrariedad, pues constituye una desviación del poder policial. Legis.pe tuvo acceso al documento completo.
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