El Pleno del Congreso aprobó una cuestión previa, el jueves 13 de junio, para que retorne a la Comisión de Constitución el dictamen de los proyectos de ley 672, 682, 1244.
La iniciativa implica en la práctica que los sentenciados por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín no puedan postular a cargos públicos de carácter representativo.
Para ello, el texto propone una ley de reforma constitucional que modifica los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, con el fin de garantizar la idoneidad en la función pública.
El dictamen regresó al grupo de trabajo en mención, liderado por la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), tras las adhesiones de 90 parlamentarios.
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En detalle
En horas de la tarde, al menos siete bancadas solicitaron al presidente del Congreso, Alejandro Soto, colocar el citado dictamen en la agenda del día.
El legislador explicó que debido a que la iniciativa aún residía en la Comisión de Constitución, en ese momento en cuarto intermedio, la «única persona habilitada para pedir el debate y aprobación era la presidenta» de dicha mesa de trabajo.
En respuesta, durante la jornada, la congresista Martha Moyano presentó el texto para su evaluación en el Pleno. La propuesta, sin embargo, fue modificada.
Inicialmente, comprendía la prohibición de postulación a cargos públicos a los sentenciados por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, y contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Estos se encontraban comprendidos en el dictamen original aprobado el 17 de febrero del año pasado.
El texto presentado por Moyano este jueves 13 de junio, en cambio, solo incluía los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín.
Descargue en PDF el dictamen con las últimas modificatorias
Descargue en PDF el dictamen previo sin modificatorias
Perspectivas
El abogado penalista Carlos Caro Coria cuestionó las últimas modificaciones del dictamen presentado en el Pleno. Vía X, sostuvo que se violaría el principio de proporcionalidad:
Inconstitucionalidad por omisión. El texto sustitutorio no incluye en la prohibición de postular a cargos de elección popular a condenados por delitos gravísimos (asesinato, secuestro, violación, sicariato, minería ilegal, corrupción grave, etc).
Oportunismo político (Antauro Humala quedaría fuera, Alberto Fujimori podría postular si quisiera), pero además se violaría el principio de proporcionalidad porque la prohibición alcanzaría a delitos menos graves, como el motín que tiene pena de hasta 6 años de cárcel.
