El juicio del caso Los Malditos de Chumbivilcas concluyó. El exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, ha resultado sentenciado a cinco años de pena suspendida e inhabilitado de por vida para ejercer cargo público o su profesión.
El último lunes, el Primer Juzgado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó sentencia de primera instancia sobre este complejo caso que involucraba a 34 personas, entre ellas el exalcalde de Arequipa (2011-2018). La organización era sindicada de varios delitos, como ocupación ilegal de terrenos, tráfico de los mismos y violento desalojo de compradores que creyeron en la palabra de los hermanos Merma Valencia. Ellos habían invadido un extenso predio en el distrito de Cerro Colorado, que era propiedad de Nadesda Yenny Vargas Ortega.
Los magistrados Guiliana Pastor, Juan Carlos Chura y Ronald Medina, determinaron que Zegarra Tejada es culpable del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Según su decisión quedó acreditado que el exalcalde trasgredió sus funciones y autorizó la expropiación del terreno de Nadesda Vargas.
Esto pese a que la Ley 29320 prohíbe que se realicen expropiaciones y formalización de terrenos ocupados por posesiones informales constituidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2004. La asociación de vivienda Jardínes de Chachani, constituida por los Merma Valencia, estaba inmersa en esa ley.
La actuación de Zegarra no quedó allí, sino que incluso elevó el expediente de expropiación al Congreso. La acusación fiscal indicaba que el entonces alcalde de Arequipa hacía todo ello, pues recibía de forma directa o mediante su funcionario, José Luis Cavero Astete, beneficios económicos de William Merma Valencia, quien presidía la asociación de vivienda.
Para los jueces quedó acreditado con ello que Zegarra incurrió en el delito de cohecho pasivo. Los magistrados impusieron a Zegarra Tejada, cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, pero también dispusieron la inhabilitación perpetua para ejercer función y cargo público, incluso para que desempeñe su profesión dentro de instituciones públicas, tales como municipios provinciales y distritales.
No obstante, Zegarra se libró de ir a prisión. Pese a que la pena era efectiva, los magistrados dispusieron que en su caso y en base al Código Penal, se suspenda la ejecución provisional de la pena, siempre y cuando cumpla con reglas de conducta.
Zegarra tendrá que someterse a la vigilancia de la Policía, que informará cada 30 días al juez de investigación preparatoria sobre las actividades que desarrolle. No puede ausentarse de la ciudad y debe pagar una caución de 10 000 soles. También tendrá que presentarse en el juzgado, el primer día hábil de cada mes.
La misma suerte corrió José Luis Cavero Astete, quien fue su funcionario de confianza.
Fuente: La República
