El Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este se pronuncia ante el alto grado de inseguridad ciudadana que vive la mayoría de peruanas y peruanos.
PRONUNCIAMIENTO
El Colegio de Abogados de Lima Este, ante el alto grado de inseguridad ciudadana que vivimos la mayoría de peruanas y peruanos, expresamos lo siguiente:
1.- Mediante Decreto Supremo N° 105-2023-PCM de fecha 19.09.23, se declaró Estado de Emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres, Lima, y en algunos distritos de Sullana, Piura, debido a que “se han detectado bandas y organizaciones criminales que ponen en riesgo y peligro a la ciudadanía de estas jurisdicciones, impactando en la seguridad y afectando así el orden interno y generando zozobra en dichas zonas”, en resumen, por el incremento de la delincuencia y el estado de inseguridad en el que se encuentra la población en la mayoría de ciudades del país. Es una medida excepcional, que limita y restringe nuestros derechos constitucionales, por lo que debe ser asumida con prudencia, objetividad y razonabilidad.
2.- Consideramos que las medidas adoptadas para poder enfrentar la delincuencia, deben estar a cargo y bajo la dirección de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dentro de un marco de cooperación y coordinación necesarios entre ellas y dentro de un irrestricto marco de respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Nuestro reconocimiento y respaldo a dichas instituciones tutelares de la democracia.
3.- La Constitución en el art. 166°, dispone que la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno; así como, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; en tal contexto, es la PNP, por mandato constitucional, quien debe enfrentar el principal problema que nos agobia. La Presidenta de la República, asumiendo su rol de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al expedir el Estado de Emergencia, debió efectuarlo con un Plan Estratégico con líneas directrices claras y objetivas, sin improvisación y con la debida preparación, y no como efecto reactivo ante la delincuencia y el crimen organizado.
4.Consideramos, en las actuales circunstancias, que es labor conjunta de los Poderes Públicos diseñar claras y coordinadas políticas públicas para imponer el Orden democrático, afianzar la seguridad jurídica de la Nación, dotar a las FFAA y PNP de las herramientas e instrumentos jurídicos y logísticos para enfrentar con coraje y decisión y con la seguridad jurídica que les corresponde los desafíos de una criminalidad transfronteriza, avezada y cuyos niveles de peligrosidad aumentan día a día a vista y paciencia de algunos funcionarios públicos negligentes e incapaces de adoptar las medidas urgentes que la población reclama.
5.- Desde nuestro Colegiado, instamos a nuestras autoridades y a la población en general a redoblar esfuerzos para impulsar nuestra economía y reducir las brechas y condiciones económicas que, en muchos casos, azota a las familias más desfavorecidas.
6.- Exigimos al Congreso de la República no distraiga su primera responsabilidad que es legislar, en ocuparse de planteamientos políticos insensatos, improductivos y en modo correcto cumpla su rol de legislar en favor de los ciudadanos y, ejerza control político y fiscalización constante a todas las instituciones y autoridades, y en esta etapa de la historia, haga un mea culpa y legisle de cara al pueblo con leyes que destraben la inversión pública y privada, impulse el trabajo, el ahorro interno y favorezca el desarrollo de las Regiones y de las Municipalidades.
7.- Exigimos al Poder Judicial, al Presidente del Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Fiscal de la Nación, hacer cumplir la ley con toda rigurosidad para con las personas que incumplan nuestro marco constitucional, violen nuestras leyes y los derechos fundamentales de la población, debiendo prevalecer el cumplimiento de sus funciones en forma célere, imparcial y objetiva, con la debida motivación, en las resoluciones emitidas por sus despachos.
Exigimos a la Defensoría del Pueblo, cumpla su rol de defensora de los derechos fundamentales y de supervisión de la administración pública, disponiendo la presencia inmediata de equipos defensoriales, en las comisarías de los distritos declarados en emergencia, a fin de cautelar y preservar, principalmente, la vida, la integridad personal y el patrimonio de los ciudadanos.
8.- De esta manera, adoptando este tipo de medidas drásticas en contra de la delincuencia y a favor de nuestra ciudadanía, esperamos resultados concretos que disminuyan y que procuren erradicar la delincuencia de nuestro país que nos tiene en zozobra, para el bienestar de todos los peruanos.
Lima Este, 28 de setiembre de 2023.
JUNTA DIRECTIVA
CALE
