La reciente tragedia que cobró la vida de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro volvió a encender el debate sobre la seguridad vial en el Perú. El atropello ocurrido el 17 de febrero de este añono solo conmocionó por la pérdida de una atleta, sino por la persistente sensación de impunidad y falta de respuestas en casos similares.
Caso de Guillermo Riera
El accidente de la Costa Verde ocurrido en mayo de 2017 marcó uno de los casos más mediáticos sobre responsabilidad y sanción por siniestros de tránsito. El empresario Guillermo Riera Díaz conducía su vehículo por la vía de la Costa Verde cuando, por invadir el carril contrario, impactó a dos motocicletas que transportaban cuatro jóvenes. Tres murieron en el acto, Jair Saldaña de la Cruz, Leslyann Acuña Cuadros y Luis Miguel Valdez Rivera, y un cuarto sobreviviente quedó gravemente herido.
El accidente no solo conmocionó por su violencia, sino por la conducta posterior de Riera: huyó de la escena, dejando sin auxilio a las víctimas, y abandonó el país rumbo a Estados Unidos poco después del hecho. Las cámaras de vigilancia y hallazgos policiales confirmaron su responsabilidad, y su trabajador intentó autoinculparse inicialmente, lo que complicó las pesquisas.
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Después de semanas de investigación, se dictó prisión preventiva y, finalmente, la justicia lo encontró culpable de homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas, omisión de socorro, exposición al peligro y fuga del lugar del accidente. El Primer Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial de Lima impuso una pena de 7 años y 4 meses de prisión, además de una reparación civil que superaba los S/180.000 a favor de los deudos y la cancelación de su licencia de conducir.
Tras cumplir aproximadamente un tercio de su condena y completar los requisitos como pago de reparación civil y evaluaciones de reinserción, Riera accedió al beneficio de semilibertad, que le permitió salir del penal bajo ciertas condiciones (firma periódica ante el juez, restricciones para viajar al extranjero, etcétera).
Caso Melisa González Gagliuffi
El accidente protagonizado por Melisa Joana González Gagliuffi ocurrió en octubre de 2019 en la Avenida Javier Prado Este, una de las arterias viales más transitadas de Lima. González Gagliuffi, economista de profesión, perdió el control de su camioneta y embistió a tres jóvenes que caminaban por la vereda. Dos de ellos, Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio, fallecieron casi de inmediato; el tercero resultó con lesiones graves.
En junio de 2022, el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima la encontró culpable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, imponiendo una pena de 6 años de prisión efectiva y la obligación de pagar reparación civil de 200 mil soles.
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El caso de Furrey
El episodio que involucró al creador de contenido Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, ocurrió el 9 de julio de 2025 en la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria, cuando fue atropellado mientras circulaba en su scooter eléctrico por un vehículo conducido por Pablo César Castillo Ticerán. El impacto dejó al streamer con graves lesiones, requiriendo atención médica intensiva y generó un proceso penal de alto perfil.
La Fiscalía obtuvo que el juez ordenara 6 meses de prisión preventiva contra Castillo Ticerán, bajo la acusación de homicidio simple en grado de tentativa, un encuadre penal elevado que requiere justificar riesgo procesal relevante (fuga, obstaculización, etc.) para dictar esta medida cautelar tan severa.
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Caso Edu Saettone
El 23 de agosto de 2012, el músico Edu Saettone atropelló a María Elena Coronado (69) en la cuadra 37 de la avenida Benavides. La víctima falleció cinco días después por traumatismo encéfalo craneano. Desde el inicio, la defensa sostuvo que un vehículo de transporte público se cruzó en su camino y que la pista estaba resbalosa por la garúa.
Sin embargo, en 2016 el Juzgado Penal de Lima determinó que el accidente se produjo por exceso de velocidad (90 km/h). Se dictó prisión efectiva por cuatro años. Lo que siguió fue una sucesión de cambios procesales: prisión suspendida, orden de captura, encarcelamiento, reducción de pena a libertad condicional y aumento de la reparación civil a 304 mil soles.
