Desde que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales documentan sus pesquisas en un cuadernillo llamado carpeta fiscal. Ese cuadernillo con lomo de pabilo puede tener pocas o muchas páginas, dependiendo de la investigación. Ahí se documentan las actuaciones de la investigación, como la denuncia, el informe policial de ser el caso, las diligencias realizadas o por ejecutarse, los dictámenes periciales, las actas levantadas, las decisiones tomadas por el fiscal, etc.
Para cautelar sus intereses, tanto los denunciantes cuanto los denunciados necesitan conocer el contenido de esa carpeta. El denunciado para saber qué actos de investigación lo incriminan hasta el momento, y el denunciante para saber si su denuncia va por buen camino. Así, se hace inevitable que lean la carpeta o, si no tienen tiempo, que pidan copias para estudiarla con detenimiento. Todo bien.
El problema comienza cuando uno pide copias. La respuesta a la solicitud, si usted es un simple mortal, puede tardar días, semanas o meses. Las excusas de la demora tienen un mismo nombre: sobrecarga. Y es cierto. Una institución con escasos recursos no puede darse a basto. En lugar de dedicar sus esfuerzos a investigar con el poco presupuesto que tiene, se ve obligada a destinar parte de su personal y su logística a obtener copias.
Una abogada de Arequipa requería estudiar algunas «piezas» de la carpeta fiscal de su caso, y con el tiempo encima, no vio otra salida que tomarle fotos. Al hacerlo, una voz amable le dijo: «Está prohibido tomarle fotos a la carpeta. Existe disposición que lo prohíbe».
Se trataba de una escueta resolución de julio del 2017, que tenía su origen en una consulta que hiciera la fiscal superior Virginia Aquize Díaz, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno. La doctora Aquize daba cuenta de los «serios inconvenientes» que se generaban en los despachos del distrito fiscal de Arequipa, y preguntaba a sus superiores si debía permitirse a los usuarios tomar fotos.
La respuesta fue categórica: tomar fotografías a la carpeta fiscal es un acto contrario a las buenas prácticas administrativas. En ese sentido, la resolución autorizaba a las Oficinas Desconcentradas de Control Interno del país, publicar en partes visibles de sus despachos carteles en los que se indique expresamente la prohibición de tomar fotos y usar celulares durante la lectura de la carpeta.
Sentido común. Esta prohibición dificulta el ejercicio del derecho de defensa y burocratiza la persecución del delito, restringe el principio de publicidad, acarrea pérdida de tiempo y recursos logísticos. En suma, encarece el acceso a la justicia. Es hora de que esta práctica (como lo hiciera el Poder Judicial en marzo de este año) se ponga a tono con los tiempos y se permita el uso de la tecnología. Todos saldríamos ganando. La fiscalía ahorraría tiempo y los abogados harían su trabajo de manera más eficaz.
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Así, pues, hoy nos toca hacerle llegar este pedido al fiscal de la Nación. Para ello Legis.pe ha emprendido la campaña #CarpetaFiscalEnElCelular. Invitamos al máximo representante del Ministerio Público a liderar este pequeño pero significativo proceso de modernización.
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