El Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció que denunciará a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión si no respeta la suspensión impuesta en su contra, al considerar que existe una serie de actos de represalia y abuso de poder vinculados a dicha sanción. Así lo advirtió el decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, quien sostuvo que la institución no permitirá interferencias que buscarían deslegitimar las decisiones del Consejo de Ética.
En entrevista, Canelo Rabanal afirmó que las acciones contra el Consejo de Ética no responden a un hecho aislado, sino a una «represalia» directa por sancionar a Benavides. al rechazar las denuncias presentadas desde la Junta Nacional de Justicia (JNJ), senaló:
Todo esto es una venganza, un acto autoritario y abusivo contra los miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, que están obrando conforme a ley, con prudencia, con decoro.
El decano explicó que el origen del conflicto se remonta a una denuncia ética presentada por una organización no gubernamental contra miembros de la JNJ, a título estrictamente personal, por presuntos comportamientos antiéticos. Según precisó, el Consejo de Ética del CAL se limitó a admitir la denuncia y notificar a los involucrados para que ejerzan su derecho de defensa, conforme al debido proceso.
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Sin embargo, cuestionó que el procurador público de la JNJ haya presentado una denuncia penal contra los miembros del Consejo de Ética por supuesto «abocamiento indebido». Al respecto, Canelo fue enfático en señalar que «una cosa es lo ético y otra cosa es lo judicial», y que la existencia de procesos constitucionales o judiciales no impide que el CAL evalúe conductas desde el punto de vista deontológico.
El decano advirtió que el uso del procurador de la JNJ para defender a funcionarios denunciados a título personal podría configurar delitos graves. «Están utilizando recursos del Estado para defenderse en un caso de carácter ético personal. Eso se llama peculado de uso y abuso de autoridad», afirmó, adelantando que el CAL presentará las denuncias penales correspondientes.
Además, denunció la emisión reiterada de medidas cautelares por parte del Tercer Juzgado Constitucional, a cargo del juez Jorge Paredes Salas, que habrían afectado directamente la autonomía del Consejo de Ética. Según indicó, dichas resoluciones separaron a consejeros que participaron en el caso Benavides y repusieron a personas previamente retiradas por la Asamblea del CAL por haber consignado información falsa.
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Estas acusaciones también fueron recogidas en un comunicado oficial del CAL, en el que se alerta sobre un presunto patrón de interferencia institucional tras la sanción contra Patricia Benavides. En la nota de prensa, el colegio advierte sobre posibles delitos de peculado, abuso de autoridad y prevaricato, y anuncia acciones ante el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado.
«El Colegio de Abogados de Lima no va a tolerar actos de venganza ni el uso indebido de recursos públicos para encubrir responsabilidades personales», sostuvo Canelo Rabanal, quien reiteró que la institución continuará defendiendo la ética profesional y la autonomía de sus órganos, y procederá legalmente si la suspensión impuesta a Benavides no es acatada.
